Por Grecia Ortíz
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Tres organizaciones de sociedad civil en Estados Unidos, que trabajan por la defensa de derechos migrantes, presentaron una demanda en contra de varios funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump, por la implementación de las expulsiones de migrantes menores de edad no acompañados, bajo el Titulo 42, en el que citan el caso de un joven guatemalteco.
Esa medida, que argumenta asuntos de salud pública para expulsar a migrantes, y según la organización, esto ha afectado también a niños migrantes, incluso si existen peligros en su lugar de origen, lo cual es el motivo de la demanda presentada en tribunales estadounidenses.
“Entre otras cosas, el proceso del Título 42 autoriza la expulsión sumaria de menores no acompañados sin ninguna protección procesal, incluso si los niños no muestran signos de tener COVID-19, e incluso si los niños huyen del peligro y buscan protección en los Estados Unidos Estados”, dice el documento.
EXPONEN EL CASO DE UN GUATEMALTECO MENOR DE EDAD
El documento de la demanda, cita como antecedente el caso de un joven de 16 años a quien solo identifican como “P.J.E.S.” de origen guatemalteco y que llegó a EE. UU., sin acompañante y que se vio obligado a huir a ese país, para escapar de una persecución “severa” en Guatemala.
El padre del menor de edad, señalan que vive actualmente en EE. UU., y está a la espera de procedimientos de inmigración. Después que P.J.E.S. llegó a ese país, CBP lo detuvo y lo sometió al Proceso del Título 42 y actualmente se encuentra bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en McAllen.
“Antes del Proceso del Título 42, y de conformidad con los estatutos de inmigración de larga data que protegen a los niños y a quienes buscan protección, el demandante debería haber recibido refugio en una instalación para niños hasta que pudiera ser entregado a su padre u otro patrocinador adecuado en los Estados Unidos, y tiene derecho a una audiencia completa y apelaciones, para determinar su derecho a permanecer en los Estados Unidos con su padre”, dice el documento.
SU APLICACIÓN ES ARBITRARIA
Los denunciantes, dicen que a través del Título 42, la Administración ha tratado de usurpar el papel del Congreso y eludir todo el esquema legal de inmigración, añadiendo que las disposiciones de salud pública de los EE. UU., rara vez se han utilizado.
“Esas disposiciones de salud pública no autorizan este Proceso sin precedentes del Título 42. El Título 42 autoriza varios poderes, como pruebas y cuarentenas, pero nunca se ha interpretado que autoriza los amplios poderes que el gobierno reclama aquí. Los estatutos que protegen a los niños y a quienes buscan protección se promulgaron después de las disposiciones del Título 42 y no contienen ninguna excepción para las personas con enfermedades transmisibles”, afirmaron.
Asimismo, señalan que los niños no acompañados no pueden en ninguna circunstancia ser deportados, sin una oportunidad adecuada de determinar su derecho a permanecer en EE. UU.
“El proceso del Título 42 no solo viola los estatutos de inmigración, sino que su aplicación a los niños no acompañados es evidentemente arbitraria y caprichosa desde el punto de vista de la salud pública”, aseguraron.
UN PROCESO ILEGAL
Bajo este proceso, citan que los menores de edad no acompañados son detenidos regularmente en hoteles durante varios días, y con frecuencia durante más de 72 horas, mientras se organiza su deportación.
Para las organizaciones, cualquiera que sea la motivación de la Administración para aplicar el Proceso del Título 42 a los niños no acompañados, corresponde a un proceso que es ilegal.
“El demandante se enfrentaría a un grave peligro en su país de origen y se le debe dar la oportunidad de permanecer en los Estados Unidos para recibir las protecciones estatutarias a las que tiene derecho según las leyes aprobadas por el Congreso”, dice el documento.
La denuncia fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en conjunto al proyecto de Derechos Civiles de Texas y Oxfam América.
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REFUGIADOS INTERNACIONAL: LOS RETORNAN SIN PRUEBAS DEL PELIGRO A LOS QUE SE ENFRENTARÁN
Recientemente, Refugiados Internacional, menciona que desde la orden del 20 de marzo de 2020 emitida por los CDC, que apela al Título 42 de la Ley de Seguridad de la Salud Pública, la Patrulla Fronteriza se ha negado a aceptar solicitudes de protección y ha expulsado a los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, incluidos los guatemaltecos.
Esa orden, mencionan, que le permiten al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), devolver a México a los solicitantes de asilo, incluidos menores, o deportarlos directamente a sus países de origen sin ninguna prueba real sobre los peligros a los que se enfrentarán.
Así que CBP, se limita a expulsar a los guatemaltecos a México, “y allí se quedan, sin apoyo ni ayuda de los funcionarios mexicanos. El CBP expulsa a los menores centroamericanos no acompañados, en lugar de remitirlos a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Sociales, según lo exige la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata”.
