Por Grecia Ortíz
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El embajador retirado de Estados Unidos, Stephen McFarland, respondió a una solicitud de entrevista de La Hora, en la que dio su opinión sobre la importancia que tiene para los EE. UU., la lucha contra la corrupción.
McFarland fue embajador de los EE. UU. en Guatemala 2008-2011, y ministro consejero 2000-2003. Trabajó en países en conflicto y en transiciones democráticas, incluyendo El Salvador, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Iraq, Afganistán, Colombia y desde Washington sobre Nicaragua y Cuba.
La Hora: ¿Por qué es tan importante la lucha contra la corrupción para Estados Unidos en Guatemala? ¿Por qué Estados Unidos sigue poniendo atención a estos casos?
No voy a mencionar ningún caso específico en Guatemala, pero sí ofrezco mi opinión personal sobre la importancia para los EE. UU. de la lucha contra la corrupción en general. Para los países con sistemas democráticos de libre empresa y de respeto a los derechos humanos, la corrupción es un gran peligro. Esta perspectiva la comparten demócratas y republicanos en los EE. UU.
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La corrupción es un impuesto informal pero muy real que le quita recursos a los ciudadanos y a los empresarios; le resta recursos al gobierno y afecta la gobernabilidad; frena la inversión interna y externa, y como consecuencia genera mayor pobreza y mayor migración.
Al extenderse a la política, la corrupción también socava la credibilidad del sistema democrático, que fue lo que pasó en Venezuela en los años 80 y 90 y facilitó la llegada de Hugo Chávez al poder—cuando serví en la embajada en Caracas hace 16 años, la oposición fue unánime en señalar que la corrupción le había abierto las puertas a Chávez.
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McFarland: Corrupción es un impuesto informal y real ??[https://t.co/QDU2lZ2PzK] pic.twitter.com/sv3xtp3WkN— Diario La Hora (@lahoragt) August 7, 2020
La corrupción genera debilidades en la justicia que son aprovechadas por el crimen organizado y los narcotraficantes. La corrupción y el crimen organizado crecen como un cáncer; al llegar a Guatemala en el 2000 me decían que el narcotráfico era problema en partes lejanas de Guatemala; ahora se ve su efecto en la capital.
Llega un punto en que es muy difícil controlar la corrupción y a los grupos que se nutren de ella – recuerden el auge de Pablo Escobar en Colombia, cuando los empresarios y políticos se encontraron bajo amenaza de ‘plomo o plata’, es decir, muerte o subordinación. O para no ir tan lejos, vean a Nicaragua bajo Somoza o bajo Ortega.
El impacto de la corrupción en Guatemala en los EE. UU. incluye una mayor migración hacia los EE. UU., un mayor trasiego de drogas hacia los EE. UU., y la utilización del territorio norteamericano o su sistema financiero para lavar divisas, introducir drogas, y traficar con seres humanos. El impacto también incluye desincentivos para la inversión extranjera en Guatemala. En términos geopolíticos, el impacto incluye el riesgo de inestabilidad política y social, que puede poner en jaque a la democracia, los derechos humanos, y la libre empresa.
La corrupción es una amenaza seria que afecta a los dos países y a la región, y requiere de respuestas coordinadas, no sólo unilaterales. Por ejemplo, cuando era embajador, mi gobierno trabajó muy de cerca con el gobierno de Guatemala para apoyar a las instituciones que combatían la corrupción y el crimen organizado, directamente y también con la CICIG.
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También realizamos, en cooperación con el gobierno de Guatemala, investigaciones que terminaron en capturas y extradiciones, lo cual resalta la importancia de cortes independientes. Cooperamos con el congreso de aquel entonces en la promulgación de la ley sobre la extinción de bienes y acciones al portador.
Apoyamos al Ministerio Público y al organismo judicial. Al mismo tiempo, las agencias policiales de los EE. UU. – principalmente la DEA, FBI, ICE, y HSI – también realizaban investigaciones independientes en los EE. UU. y otros países que a veces terminaban en procesos contra ciudadanos guatemaltecos. Estas investigaciones siguen, al igual que las cancelaciones de visas, las posibles sanciones bajo la ley Magnitsky, y los programas de apoyo al estado de Guatemala.
