Por Denis Aguilar
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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió hoy un comunicado de prensa en el que criticaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) por “obstaculizar” al Congreso conocer los antejuicios contra los magistrados de ese Tribunal Constitucional.
“Obstaculizar la función del Congreso de la República en cuanto a conocer los antejuicios contra algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad también atenta contra la independencia de poderes, debiendo cada órgano del Estado proceder con apego a la ley y a la Constitución Política de la República”, dice el comunicado.
En tal sentido, instaron al Congreso de la República a no obedecer las órdenes de la CC, asegurando que “las ordenes que obedecen a disposiciones ilegales no deben acatarse”.
Indicaron que según el articulo 69 de la Ley de Amparos, “los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son responsables de sus resoluciones y cualquier acto que contravenga dicho artículo atenta contra el Estado de Derecho”.
La CIG emite comunicado en el que menciona estar preocupado y rechaza «un posible rompimiento del orden legal en el país». pic.twitter.com/8jBxW4joDo
— Diario La Hora (@lahoragt) August 7, 2020
Asimismo, dijeron que los magistrados de la CC tienen la obligación de ejercer la imparcialidad dentro sus fallos y decisiones judiciales, asegurando que estos no pueden juzgarse a ellos mismos y beneficiarse con esas resoluciones.
“Con este tipo de acciones, algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad además de romper con el orden legal del país, continúan aplicando la ley sin imparcialidad, atentan contra la población y llevan al país a un rompimiento institucional”, afirmaron.
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A finales de julio, la CC otorgó un amparo definitivo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que había tramitado una solicitud de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, argumentando que la decisión de la CSJ fue nula de derecho.
Además, señalaron en ese momento que la conformación con magistrados suplentes de la CSJ para tramitar el antejuicio contra los togados de la CC fue arbitraria e ilegal.
