Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), manifestó que mantienen su rechazo al Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) que Estados Unidos y Guatemala firmaron, dado que el país no tiene la capacidad para recibir, hospedar, acompañar y garantizar la protección a solicitantes de asilo humanitario, por lo que señalan a los gobiernos y también a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de cualquier violación a los derechos humanos.
Además, anotan que las personas que llegan a la Fuerza Aérea Guatemalteca, bajo el acuerdo realizado son personas migrantes con estatuto de refugiado a quienes EE.UU., no los aceptó para quedarse.
En ese contexto, la Pastoral de Movilidad Humana señaló que por ninguna razón deben ser entrevistadas de nuevo con el afán de verificar si quieren solicitar en Guatemala, pues ya son solicitantes de protección.
“Manifestamos nuestra grave preocupación que el programa presentado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM llamado: Retorno Voluntario Asistido RVA se ofrezca a las personas solicitantes venidas desde los Estados Unidos bajo el acuerdo de Asilo arriba mencionado e irrespete el principio de no devolución ya que de ninguna manera los solicitantes pueden ser devueltos a su lugar de origen de donde salieron huyendo”, afirmaron en su comunicado.
En el comunicado, también destacaron que de llevarse a cabo cualquier forma de retorno de las personas bajo este acuerdo, se pone en riesgo a los solicitantes y por eso hacen responsables tanto a EE.UU., Guatemala y a la OIM, de cualquier violación a los derechos humanos.
“Les hacemos responsables incluso de la posible muerte de estas personas a quienes no se les respetó el derecho a solicitar, ser reconocidos, acompañados e integrados a una comunidad segura para resguardar la vida”, afirma la Pastoral de Movilidad Humana.
Al mismo tiempo, destacan que no conocen ninguna iniciativa para una asistencia humanitaria durante la solicitud.
Otro de los aspectos que destacaron es la falta de respuestas y de resolución de casos por el Estado de Guatemala, indicando que son de más de 400 y que vienen desde marzo de 2018. Además, destacan su indignación “porque son seres humanos que merecen respeto, cuidado, protección y seguridad que el Estado no ha podido garantizar”.
La OIM anunció ayer el lanzamiento de un programa nuevo de asistencia humanitaria y Retorno Voluntario Asistido para Guatemala, que tendrá como fin apoyar a las personas que de manera voluntaria quieran regresar desde Guatemala a sus países de origen y no tienen los medios para hacerlo; la iniciativa contará con el financiamiento de US$10.3 millones otorgados por Estados Unidos.
Al consultar ayer a la OIM si esa iniciativa era parte del ACA, indicaron que no.
