El abogado que benefició a María Consuelo Porras Argueta al presentar un amparo que le permitió integrar la nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público en 2022, Erick Miguel Castillo, dio a conocer que pretende ser candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.
El profesional del derecho presentará su candidatura en medio de una serie de procesos de elección, ya que además de la CC, también se elegirá a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, así como autoridades de la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala.
El abogado Castillo aseguró que se necesita una alta Corte independiente, que responda a los intereses de la población y no a grupos de poder que están detrás de los magistrados de la CC, ya que, afirma que la institución está dominada por sectores.
Por ello, aseguró que es necesaria una verdadera revolución por parte de los nuevos candidatos a magistrados para que verdaderamente representen los intereses de la ciudadanía y se defienda a la Constitución con valentía.
El profesional del derecho justificó su candidatura asegurando que debe haber un compromiso real para defender la Constitución con base en los principios de independencia judicial y libre de todos los grupos de poder que han puesto de “rodillas” al Tribunal Constitucional.
Lo anterior, debido a que, según el letrado, la CC se ha negado a resolver apelaciones de los estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas para que el Consejo Superior Universitario (CSU) permita la elección del Consejo Directivo y no “a través de imposiciones”.
A su vez, aseguró que la máxima Corte violenta la Constitución, puesto que se ha negado a hacer publicidad de los actos administrativos, por lo que, sostuvo que uno de los objetivos de los nuevos togados debe ser que las sesiones de las discusiones sean públicas, puesto que actualmente se justifican bajo la Ley de Amparo, pero la Constitución establece la publicidad de todos los actos administrativos sin exclusión alguna.
El abogado resaltó que buscará la magistratura a través del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), junto con Dayany Marielos Reyes Mazariegos, quien buscará la suplencia.
Reyes Mazariegos laboró como Coordinadora de Procedimientos Disciplinarios del Departamento de Procedimientos Disciplinarios en el Ministerio Público (MP).
DICE QUE BUSCA DEFENDER LA JUSTICIA
Asimismo, el abogado recordó que presentó un amparo ante la CC en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el nombramiento de magistrados de Corte de Apelaciones, por lo cual, aseguró que actualmente, ya ha cumplido con defender la Constitución, sin que se lo exige un grupo, sino que lo ha hecho como ciudadano y como profesional del derecho.
A criterio del profesional del derecho, la elección no es un tema ni derecha, ni de izquierda, sino de lo que dice la norma, por lo que, los ciudadanos deben exigir que se cumpla con la Constitución, y la revolución gremial logrará que la CC se quite las ataduras de los grupos de poder, afirmó.
De acuerdo al abogado, no tiene la posibilidad de competir con grupos de poder que están gastando millones en comidas, puesto que no quiere tener ningún compromiso con ningún sector de poder, ni dentro, ni fuera del Estado.
EL AMPARO QUE BENEFICIÓ A PORRAS
Durante el proceso de elección para Fiscal General del MP de 2022, el abogado Erick Miguel Castillo, junto con Mynor Giovanny Caté, presentó un amparo ante la CC, con el cual, Consuelo Porras logro integrar la nómina de candidatos que fue presentada al expresidente Alejandro Giammattei.
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En dicha oportunidad, los miembros de la Postuladora no llegaron a los consensos necesarios para finalizar la nómina de candidatos a Fiscal General, ya que ocho de los quince comisionados mantuvieron firme su apoyo a Consuelo Porras, mientras el resto mantenía su voto en contra.
Sin embargo, tras el amparo presentado por Castillo y Caté, la alta Corte ordenó a la Comisión de Postulación integrar la lista de candidatos “en concordancia con el artículo 216 de la Ley Fundamental a efecto de que atendiendo criterios meritocráticos”
De esta cuenta, Consuelo Porras fue incluida en la nómina de candidatos al contar con la mejor puntuación de la tabla de gradación, y finalmente fue designada para un segundo periodo por Giammattei.
El letrado también explicó que, cuando presentó el amparo que ayudó a Consuelo Porras a ser incluida en la nómina que fue presentada a Alejandro Giammattei, lo hizo para que la Comisión de Postulación eligiera a los mejores perfiles, pero nunca señaló a quien se debía elegir en lo particular.
“Y es porque lo que se tiene que privilegiar es la meritocracia. Ese fallo de la CC es el que ha servido para todos los procesos de selección, o sea, ese es el que citan, sirvió de antecedente, y ya independientemente, ya la responsabilidad de lo que haga cada funcionario es personal”, indicó.
En esta línea, señaló que los miembros de la Comisión de Postulación deben explicar por qué eligieron a los seis candidatos que trasladaron al presidente, ya que, al final, son ellos los responsables.
“Yo como ciudadano únicamente le exigía a la Corte que ordenara que se respetara la meritocracia, sin mencionar nombre alguno, fuera y libre de cualquier grupo de poder”, indicó.
Castillo remarcó que el amparo era para que la Comisión “trasladara los mejor puntuados, los mejor calificados en la meritocracia, y ahí no menciona a nadie en particular, y esa es la prueba de lo que yo le estoy diciendo”.
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OTROS CASOS
El profesional del derecho ha accionado en distintas ocasiones ante la CC en temas de relevancia, entre ellas, en julio de 2022, cuando accionó para evitar que José Alejandro Córdova asumiera como titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
De igual forma, el letrado presentó un amparo ante la alta Corte con el cual buscaba dar marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que Roberto Arzú García-Granados no fuera inscrito como candidato a la presidencia por el partido Podemos.
El abogado Castillo también apoyó en la defensa del excandidato a la presidencia del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, luego que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendiera las candidaturas de 1 mil 200 aspirantes a elección popular, incluyendo el binomio presidencial.
En dicha oportunidad, Castillo, en representación de Pineda, presentó un amparo ante el Tribunal Constitucional para poder participar en las Elecciones Generales de 2023, sin embargo, no logró ser incluido en las papeletas.
En medio de las acciones del Ministerio Público (MP) en contra del Movimiento Semilla, el 11 de octubre de 2023, el abogado Castillo y el constituyente Aquiles Fallece accionaron ante la CC para que el binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumiera el cargo.
El 6 de octubre pasado también presentó un amparo ante la alta Corte en contra de la CSJ, ya que, a su criterio, se vulneró la Constitución al modificar la forma en que se designan a los magistrados de Corte de Apelaciones, ya que este acto le corresponde con exclusividad al Congreso.
Además, tras la decisión del CSU de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para designar una Junta Directiva transitoria en la Escuela de Ciencias Psicológicas, Castillo se hizo presente ante la máxima Corte para que garantice elecciones en la unidad académica.
Castillo también recordó que presentó un amparo para que los abogados tuvieran la facilidad de movilización durante la pandemia del COVID-19, y presentó una inconstitucionalidad, ya que el expresidente Giammattei buscaba que se pagara el Bono 14 en forma parcializada, lo cual violaba los derechos de los trabajadores.
“No es de ahorita que yo vengo defendiendo la institucionalidad contra los abusos de poder, tanto contra el presidente Giammattei, como contra incluso el gobierno de turno. Presenté un amparo también contra Bernardo Arévalo, el presidente, por no darle seguridad a los médicos del Hospital Roosevelt y la CC también me lo otorgó”, resaltó.
A su vez, resaltó que accionó ante la CC para dar marcha atrás a la decisión de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con la que se exponía los nombres de los accionistas, así como contra el Presidente por la obligatoriedad de los seguros para vehículos.
