El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado, este jueves 31 de julio, en el que rechazó la iniciativa de ley 6576 denominada “Ley de Agilización de Inversión Pública”, la cual afirma que podría profundizar la corrupción.
De acuerdo al sector empresarial, el proyecto de legislación presentado por los diputados oficialistas, busca autorizar, durante un período de tres años, la realización de contrataciones y compras gubernamentales sin aplicar los controles y requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado para determinados ministerios, municipalidades y Consejos Departamentales de Desarrollo (Cocodes).
Según explicó, consideran que la propuesta es contraria a los principios de transparencia, abre espacios a la arbitrariedad y puede generar incentivos que profundicen la corrupción y el clientelismo, en detrimento del interés nacional.
También, sostuvo que es lamentable que por segundo año consecutivo, se observa una baja ejecución del presupuesto, lo que afecta directamente la prestación de servicios públicos esenciales.
Por ello, Cacif recalcó que la opacidad y la eliminación de controles no son la vía para resolver la baja ejecución presupuestaria.
El sector privado organizado reitera su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de las capacidades del Estado.
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— CACIF (@CACIFGuatemala) July 31, 2025
PIDE ASEGURAR CALIDAD DEL GASTO
Asimismo, Cacif remarcó que la clave para ejecutar los fondos asignados está en asegurar la calidad del gasto de manera eficiente y transparente, conforme los procesos establecidos en las normativas.
En línea de lo anterior, sostuvo que es indispensable contar con personal calificado que planifique, implemente y ejecute la obra pública cumpliendo los procedimientos y plazos establecidos, garantizando así la adecuada prestación de los servicios públicos.
De esta cuenta, el sector empresarial organizado instó al Congreso a priorizar la reforma pendiente a la Ley de Servicio Civil, herramienta fundamental para profesionalizar la gestión pública y fortalecer la capacidad institucional.
Además, reiteró su “compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de las capacidades del Estado, para garantizar un gasto público eficiente y en beneficio de todos los guatemaltecos”.
LA NORMATIVA
Los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Palala presentaron la iniciativa 6576, la cual establece un plazo de tres años para que el gobierno central, comunas y Cocodes pueden realizar compras sin licitación en proyectos de infraestructura, educación, salud, cultura, deportes, entre otros temas, a la vez que aumenta el monto mínimo para licitar de Q900 mil a Q2 millones.
La propuesta generó críticas durante la pasada sesión extraordinaria del Congreso, en la que se recordó que durante la administración de Alejandro Giammattei se aprobó la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, que tuvo señalamientos por parte de sociedad civil, por lo cual el mandatario decidió vetarla.
Al respecto, el diputado José Carlos Sanabria señaló que no están eliminando ningún elemento que reduzca la transparencia y rendición de cuentas, a la vez que señaló que incluye elementos para mejorar dichos temas.
También, sostuvo que busca reducir el tiempo para agilizar la inversión, y recalcó que en transparencia sigue lo vigente.
“Esto de alguna manera es una actualización con diferentes actores, esos montos fueron fijados alrededor de 1998, por lo que por más de 20 años las unidades ejecutoras, por ejemplo, las municipalidades, encontraron las dificultades que antes podían atender de manera más acertada”, agregó.
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