La congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, en conjunto con otros colegas de Estados Unidos, solicitaron al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, imponer sanciones financieras selectivas en contra de quienes socavan la democracia, cometen abusos contra los derechos humanos y obstruyen la justicia en Guatemala.
En la carta, los legisladores señalan que han observado con preocupación los persistentes intentos del Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, de socavar la transferencia democrática de del país, así como la falta de acciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener la interferencia electoral.
“Aplaudimos las medidas que ha tomado la administración Biden para apoyar la integridad electoral en Guatemala, incluidos mensajes públicos claros, participación pública y privada de alto nivel, apoyo a los mecanismos de supervisión de los organismos regionales y la designación de restricciones de visa adicionales contra personas corruptas”, mencionaron.
De esta cuenta, instaron a utilizar todas las herramientas disponibles, incluyendo el uso ampliado de sanciones financieras selectivas para responsabilizar a quienes socavan la democracia, comenten abusos contra los derechos humanos y obstruyen la justicia.
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LEGISLADORES ENUMERAN ANOMALÍAS
De la misma manera, los congresistas norteamericanos expusieron que desde que Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, resultó electo, la alianza gobernante en el país ha socavado repetidamente la transferencia democrática del poder y cometido abusos contra los derechos humanos, incluyendo las detenciones arbitrarias y violaciones selectivas del debido proceso.
Al mismo tiempo, explicaron que el pasado 29 y 30 de septiembre, el ente investigador allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en medio de agresiones físicas y verbales a funcionarios electorales, y abrieron cajas con votos, fotografiaron su contenido y solicitaron la revisión de al menos 160 cajas en “flagrante violación de la ley guatemalteca”.
A su vez, destacaron que el MP solicitó el retiro de inmunidad de magistrado suplentes y titulares del TSE, por lo que aseguraron que ven con preocupación que en noviembre los trabajadores de la entidad pierdan sus protecciones y la Fiscal General y otros ataquen para “derrocar” los comicios.
En la misiva también exponen que la alianza del Gobierno continúa intentando suspender a Semilla y ha atacado a sus miembros, provocando amenazas contra Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, quienes cuentan con riesgos “graves”, ya que hubo dos complots de asesinato, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Mientras tanto, la criminalización sistemática de operadores del sector justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, que resulta en detenciones arbitrarias, exilio forzado y obstrucción de casos de derechos humanos y corrupción que sientan precedentes, demuestra aún más el grave deterioro del estado de derecho en Guatemala”, agregaron.
DICEN QUE ESFUERZOS NO ESTÁN GENERANDO LOS CAMBIOS DESEADOS
Asimismo, los parlamentarios norteamericanos aplaudieron el mensaje de la administración de Joe Biden en apoyo a la integridad electoral en el país, así como el anuncio en el que señalan que se está “tomando activamente medidas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala”.
De acuerdo con los legisladores, 46 guatemaltecos han sido designados en la Lista Engel, y solo seis han sido sometidos a sanciones financieras selectivas con la Ley Global Magnitsky, por lo que sostienen que las restricciones de visa no están generando el cambio deseado en los comportamientos.
“Alentamos a la administración a ampliar el uso de autoridades de sanciones financieras selectivas, lo que probablemente tendría un efecto más productivo”, agregaron, quienes sostienen que con las sanciones se puede crear presión para un cambio de comportamiento positivo.
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ESTO PIDEN ESPECÍFICAMENTE
De esta cuenta, los congresistas solicitaron específicamente el uso de sanciones selectivas financieras en Guatemala, incluso a personas que ya fueron designadas en la Lista Engel, así como establecer “líneas diplomáticas rojas”, incluyendo la seguridad física del binomio electo, y el cese inmediato del acoso e intimidación de funcionarios electorales, la interferencia inconstitucional del MP y el ataque legal a Semilla.
También piden, “vincular la imposición de sanciones y el alivio de sanciones con el respeto a la independencia judicial, el respeto a la independencia de las instituciones electorales, la transparencia dentro del sector de la industria extractiva, el respeto a la libertad de expresión y reunión, y la protección de los defensores de derechos, periodistas y activistas anticorrupción en riesgo”.
PIDEN REUNIÓN
De la misma manera, los congresistas solicitaron una reunión con Blinken y Yellen sobre la implementación de la Lista Engel, así como una respuesta por escrito de “¿Cuáles son los límites prácticos para imponer sanciones financieras más específicas en Centroamérica, incluida la capacidad del personal y los estándares probatorios?”.
A su vez, piden que proporcione información sobre cuántos funcionarios se ocupan de las sanciones financieras a personas y empresas en Guatemala dentro de los Departamentos del Tesoro y de Estado y responder cómo se compara el nivel de persona con el de otros países y regiones.
Al mismo tiempo, exponen que las sanciones de visa incluidas en la Lista Engel y la Ley de Inmigracion y Nacional no tienen criterios de exclusión articulados públicamente, a diferencia de las designaciones de sanciones financieras.
“Los expertos en sanciones instan a que estas se consideren un medio de cambio de comportamiento y enfatizan que las “rampas de salida” claramente articuladas son clave para su eficacia. A falta de criterios de exclusión claramente articulados para las sanciones de visas, ¿cómo evalúa la administración Biden su impacto previsto o mide su eficacia?”, agregaron.
Además, piden proporcionar información sobre los mecanismos vigentes para garantizar la coordinación entre las diferentes agencias estadounidenses involucradas en las políticas de sanciones, particularmente entre el Tesoro y el Estado, así como el Departamento de Justicia.
El escrito enviado a Bliken y Yellen está firmada por Norma Torres, Joaquin Castro, Barbara Lee, Dina Titus, Nanette Diaz Barragán, Teresa Leger Fernández, Debbie Wasserman Schultz y Brad Sherman.
