Este miércoles 27 de septiembre el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció varias solicitudes de retiro de antejuicio, sin embargo, no entró a conocer los requerimientos del Ministerio Público (MP) sobre el levantamiento de la inmunidad en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En la sesión de este miércoles, la CSJ conoció las solicitudes de Semilla, así como otras organizaciones para el retiro de inmunidad en contra del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, quien autorizó los allanamientos del pasado 12 de septiembre en el TSE en donde se abrieron las cajas electorales que contenían los votos de las comicios.
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Las solicitudes del ente investigador para retirar la inmunidad de los magistrados del TSE fueron presentadas previamente, el 23 de agosto y el 5 de septiembre.
En contraste, tres fuentes diversas que pidieron no ser citadas por su nombre toda vez que no pueden hablar en el récord, mencionaron a La Hora la evolución del plan contra los resultados electorales, «aspecto que afirman pasa porque el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dé tramite a dos solicitudes de antejuicios presentadas por el Ministerio Público (MP), una de estas por una denuncia presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por un supuesto ‘fraude’, en el proceso electoral».
Lo anterior es parte de la nota publicada en La Hora titulada como: «MP cabildea fuerte para que la CSJ tramite antejuicios contra magistrados del TSE».
A los otros dos procesos, se une nueva solicitud de retiro de inmunidad presentada este miércoles por la Fiscalía contra Delitos Electorales en contra de los magistrados de la entidad electoral por la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
CASO BALDIZÓN
La Fiscalía de Delitos Administrativos requirió el retiro de inmunidad en contra de la presidenta del TSE, Irma Palencia, el magistrado Mynor Franco, el magistrado suplente Álvaro Cordón, derivado de una denuncia presentada por la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado con el partido Cambio.
Dicha solicitud surgió de una denuncia presentada por los abogados Giovanni Fratti y Pedro Cruz, sin embargo, este último presentó un desistimiento formal de la denuncia, y aseguró que se estaba instrumentalizando su acusación.
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POR DENUNCIA DE LA UNE
De la misma manera, el 5 de septiembre, la Fiscalía de Delitos Electorales requirió el retiro de inmunidad en contra de Palencia y los magistrados Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Mynor Custodio Franco Flores y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, tras una denuncia presentada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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Lo anterior, ya que argumenta que existió un “fraude electoral” durante los comicios. “Se ha podido observar que existen muchas incongruencias, contradicciones y sobre todo variación de datos que evidencian irregularidades que incidieron en los resultados verdaderos de las votaciones”, mencionó el partido liderado por la excandidata a la Presidencia, Sandra Torres.
ACCIONAN EN CONTRA DE REGISTRADOR
El pasado 22 de septiembre, Fiscalía de Delitos Electorales presentó la solicitud de retiro de antejuicio contra Ramiro José Muñoz Jordán, Director del Registro General de Ciudadanos del TSE, ya que asegura que habría cometido los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes al inscribir el partido Prosperidad Ciudadana.
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MP VUELVE A LA CARGA
Asimismo, este 27 de septiembre, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de retiro de inmunidad contra los cinco magistrados titulares, así como contra los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
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La acusación deriva de una denuncia presentada por los abogados Karen Fischer y Geovanni Fratti, por la compra del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se utilizó en los comicios.
De esta cuenta, la Fiscalía asegura que los integrantes del órgano electoral habrían cometido los delitos de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, al momento de suscribir el contrato administrativo del TREP, así como cuando adjudicaron el evento a la empresa Datasys.
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“Se permitió la no supervisión independiente del software, al consignar en el contrato que la misma entidad DATASYS, S. A., como proveedor recomendó a la entidad PODERNET, siendo el mismo proveedor quien designó a un supervisor, usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos”, aseguró el ente investigador.
Según el MP, no existió una supervisión del software por parte del TSE, sino que fue la proveedora la que recomendó a Podernet, lo cual es un “conflicto de intereses”, a criterio de la Fiscalía. Además, aseguró que los magistrados defraudaron al Estado al suscribir el contrato con la empresa que ofertó el pago más alto.
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