El juez Fredy Orellana, quien está a cargo del Juzgado Séptimo de Instancia Penal.
El juez Fredy Orellana, quien está a cargo del Juzgado Séptimo de Instancia Penal. Foto La Hora/José Orozco

Durante la sesión ordinaria de este miércoles 27 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió rechazar al menos cuatro solicitudes de retiro de inmunidad que se plantearon en contra del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, incluyendo el requerimiento presentado por el secretario general del Movimiento Semilla y presidente electo, Bernardo Arévalo.

Según dio a conocer, José Leonel Marroquín Rivera, letrado de la CSJ, por mayoría los magistrados rechazaron “in límine” la solicitud de retiro de inmunidad presentada por Eddie Cux, representante de Acción Ciudadana, en contra del Juez Orellana y la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

Además, rechazó la solicitud de retiro de inmunidad en contra del togado, presentada por el presidente electo, Bernardo Arévalo, el Parlamento del Pueblo Xinca, así como Salvador Quiacaín, de la autoridad Indígena de San Pedro La Laguna.

 

SEMILLA REQUIERE RETIRO DE INMUNIDAD DE “ESTRUCTURA GOLPISTA”

Semilla busca retiro de inmunidad de “estructura golpista” que incluye a Porras

El pasado 12 de septiembre, luego de los allanamientos realizados por Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), en donde se abrieron las cajas en las que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resguardaba los votos de las Elecciones Generales y de la segunda vuelta Presidencial, el Movimiento Semilla presentó una solicitud de retiro de inmunidad contra lo que llamó una “estructura golpista”.

Según explicó el diputado Samuel Pérez, la estructura golpista es integrada por la Fiscal General, el Juez Orellana, así como el jefe de la Fiscalía Especial Contral la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la agente fiscal Cinthia Monterroso.

“Esto lo hacemos luego de las descaradas acciones que vimos hoy, allanando de nuevo el TSE, incluso abriendo cajas en donde se resguardaba la voluntad popular, esto es algo inédito, nunca antes visto en Guatemala, no lo podemos permitir”, señaló Pérez.

Horas antes, el mandatario electo anunció esta acción, y solicitó la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana, ya que con la apertura de las cajas se intentó anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto, a criterio de Arévalo.

De acuerdo con el gobernante electo, los funcionarios son responsables de violentar el proceso electoral y el orden democrático, por lo cual también requirió el cese al asalto a la constitución y que se detenga la persecución, ya que solo su salida del cargo “permitirá garantizar el orden constitucional”.

LAS OTRAS ACCIONES

Asimismo, la organización Acción Ciudadana requirió una solicitud de retiro de inmunidad contra Orellana y Porras. Según manifestó Eddie Cux, la organización cree que los operativos del MP son una vulneración directa al sufragio universal que emitieron las personas en los actos electorales.

“Aparte de ello, que un juez haya emitido esta orden de allanamiento (y) registro, que prácticamente se instituye casi como una entidad revisora de los sufragios de los votos emitidos por los ciudadanos, claramente yendo más allá de las competencias, tanto el Juez que emitió la orden como los fiscales que realizaron esta diligencia”, expresó Cux.

A su vez, el líder comunitario, Salvador Quiacaín presentó una querella contra Orellana, ya que sostiene que se está violando el orden constitucional en el país. “Es un atentado contra el pueblo”, señaló.

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#AlertaElectoral 🚨Salvador Quiacain, autoridad Indígena de San Pedro La Laguna, advierte a las autoridades que «con sus actitudes ilegales no sigan toreando al pueblo, porque puede llegar un momento en que el pueblo puede salir». Interponen querella contra Porras. 🎥 @_Rahina_

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“Nosotros estamos acá para que nuestras autoridades cumplan, según las leyes, no según lo que ellos quieren, estamos acá porque queremos que se respete la decisión del pueblo mostrada en las urnas el 25 de junio”, agregó.

Además, luego de una caminata, el Parlamento Xinka presentó una querella contra Orellana, ya que afirman que se está entorpeciendo el proceso electoral con acciones ilegales.

 

EL CASO

El pasado 12 y 13 de septiembre, la FECI realizó una serie de allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el COPE, ubicado en el Parque de la Industria, en donde abrieron las cajas electorales que resguardaban los votos de las pasadas elecciones, con el argumento de que un “ciudadano” presentó una denuncia en la que pedía que se investigue cuántos votos obtuvo cada organización política, ya que el Estado debe entregar US$2 por sufragio emitido.

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