Tras los allanamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Movimiento Semilla presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, así como una querella en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y la agente fiscal, Cinthia Monterroso, a quienes señalan de ser parte de una “estructura golpista”.
El diputado Samuel Pérez explicó que presentaron la acción en contra de los “golpistas” en Guatemala, los cuales son encabezados por Porras, los fiscales Curruchiche y Monterroso, así como el Juez Orellana.
“Esto lo hacemos luego de las descaradas acciones que vimos hoy, allanando de nuevo el TSE, incluso abriendo cajas en donde se resguardaba la voluntad popular, esto es algo inédito, nunca antes visto en Guatemala, no lo podemos permitir”, expresó Pérez.
En esta línea, resaltó que el mensaje que están mandando es que los golpistas tienen los días contados, y deben enfrentar la justicia, ya que este tipo de acciones no pueden terminar en impunidad, por lo que recalcó que presentaron las querellas en contra de la “estructura de golpistas” con el fin de que se preserve la democracia.
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ESTO SEÑALAN
Bajo esta misma línea, el abogado de la agrupación política y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén), Juan Gerardo Guerrero Garnica, explicó que la solicitud de antejuicio en contra de Porras es por los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad con propósito electoral, atentado contra el transporte del material electoral, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, asociación ilícita y prevaricato.
“Bajo el mismo sentido, la solicitud de antejuicio también es por los mismos delitos en contra del juez antidemocrático y corrupto, Fredy Orellana”, mencionó el profesional del derecho.
A su vez, detalló que se presentaron dos querellas contra Curruchiche y Monterroso, ya que observaron un tipo de asociación ilícita entre las personas, puesto a que utilizaron dos órganos del Estado de Guatemala, es decir, el MP y un Juzgado Perteneciente al Organismo Judicial (OJ).
Según mencionó, las denuncias fueron presentadas en Torre de Tribunales y no en el MP, ya que el ente investigador perdió total objetividad y no es un órgano independiente e imparcial.
“Sabemos muy bien que está cooptado por una estructura con nombre y apellido, Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y en ese sentido, presentar cualquier denuncia o querella (…) ante el MP es infructuosa”, sostuvo.
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ARÉVALO PIDE RENUNCIAS
Estas acciones fueron anunciadas por el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien también requirió la renuncia de Porras, Curruchiche y el juez Orellana, ya que sostiene que la apertura de cajas electorales es un intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto.
De acuerdo al mandatario electo, los tres funcionarios son responsables de violentar el proceso electoral y el orden democrático, por lo que además de solicitar su renuncia también requirió el cese al asalto a la constitución y detengan la persecución, puesto a que solo con su salida del cargo “permitirá garantizar el orden constitucional”.
LOS ALLANAMIENTOS
Durante este 12 de septiembre, la FECI realizó una serie de allanamientos, tanto en el Registro de Ciudadanos, como en el Parque de la Industria en donde el TSE resguardaba las cajas electorales que contenían los votos de las Elecciones Generales, y la segunda vuelta electoral por la Presidencia.
Sin embargo, la Fiscalía decidió romper los marchamos que protegían el resguardo de los votos, y abrir las cajas electorales, en un caso que el jefe de la Fiscalía aseguró que no está relacionado con Semilla, pero que el número de Carpeta Judicial evidencia que es el mismo caso contra la organización política del mandatario electo.
De esta cuenta, el TSE aseguró que se vulneró la cadena de custodia de los votos, por lo que aseguró que también está en riesgo el sistema electoral, la democracia, junto a sus procedimientos, y los derechos cívicos de los ciudadanos.
“Una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se ha violado, el TSE no puede garantizar que el contenido de las cajas electorales abiertas sea el mismo con el que se recibieron luego de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto de 2023”, señaló.
