La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento este lunes 28 de agosto derivado de las acciones emprendidas por la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) en contra de exfuncionarios de justicia.
The United States categorically condemns the abuse of prosecutorial powers by @MPguatemala to intimidate those like Claudia Gonzalez, Juan Francisco Sandoval, and Eva Xiomara Sosa who seek transparency and accountability in their country.
— State Department: Democracy, Human Rights, & Labor (@StateDRL) August 28, 2023
En su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, la Oficina del Departamento de Estado norteamericano condenó categóricamente el abuso de poderes procesales realizado por el ente investigador.
En esta línea, aseguró que este abuso de poderes procesales es con el fin de intimidar a quienes buscan transparencia y rendición de cuentas en el país, como es el caso de Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como el extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y la exfiscal Eva Xiomara Sosa, afirma el comunicado.
CAPTURAN A GONZÁLEZ
Este lunes, el juez décimo penal B, Jimi Bremer, ordenó la captura de los exoperadores de justicia de la FECI y CICIG, dentro del caso denominado “Persecución penal ilegal fase I”, por supuestas anomalías durante el proceso de investigación en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
La Fiscalía de Asuntos Internos acusa a los exfuncionarios de justicia de abuso de autoridad, ya que habrían permitido realizar actos ilegales en percusión de la administración pública y de otro funcionario, especialmente contra la togada.
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De acuerdo al ente investigador, las diligencias de investigación fueron iniciadas antes de presentar la denuncia y antes que Stalling quedara sin inmunidad y se utilizó informes de personal de la CICIG sin autorización de juez competente, y no se observó el procedimiento legal para el tratamiento de la evidencia.
«Mediante dichas acciones se irrespetaron las formas y procedimientos establecidos en la ley para la presentación de antejuicio, para la tramitación de la investigación que lo fundamenta, y se vulneró el principio de legalidad al permitir la intervención arbitraria de una entidad internacional y su personal”, aseguró el MP.
Además, señaló que la intervención de CICIG se realizó sin el procedimiento establecido en el acuerdo de creación de la Comisión, por lo cual se realizaron actos ilegales que violentaron los valores constitucionales de justicia, seguridad jurídica, así como el derecho de defensa y debido proceso.
BUSCABAN PRISIÓN PROVISIONAL
Luego de los operativos, el juez Décimo Penal B, Jimi Bremer decidió remitir a prisión provisional a González, por lo cual estará privada de libertad en el cuartel militar Mariscal Zavala.
Durante la audiencia de motivos de detención, no se presentó el ente investigador, por lo cual el togado explicó que no se podía realizar la audiencia de primera declaración a favor de la profesional del derecho.
Además, la letrada aseguró que se trata de una venganza por parte de la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling.
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EL CASO
En 2017, el juez Carlos Ruano acusó a Blanca Stalling de haberle solicitado que otorgara medidas sustitutivas, incluyendo arresto domiciliario a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, por lo cual se llevó un proceso para separar del cargo a la togada e investigar el hecho.
Sin embargo, el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, declaró sobreseimiento a favor de la magistrada Stalling, ya que señaló que “no se quebrantó el derecho de antejuicio, acreditar que en su momento estaba quebrantado el antejuicio para Blanca Stalling, también para el delito de resistencia va a ser materialmente imposible porque existen los canales respectivos y la irrenunciabilidad a ese derecho”.
De esta cuenta, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, acuso a Ruano por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito.
Lo anterior, debido a que sostiene que la denuncia se presentó en la sede de la CICIG, además, habría abusado de su posición, debido a que preparó su teléfono para grabar en forma “subrepticia” la charla de manera “arbitraria e ilegal”, pues Stalling gozaba de antejuicio y la grabación no contaba con autorización judicial, acusaciones similares a las justificadas por el MP.
