El abogado Diego Sagastume Vidaurre, sobrino del expresidenciable del partido TODOS, Ricardo Sagastume Morales, junto con Marco Díaz y Margarita Sagastume Morales, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el cual buscan evitar la segunda vuelta electoral entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por supuestas irregularidades el pasado 25 de junio.
Según explicó el abogado, el amparo en esencia contempla 10 supuestas violaciones a la Constitución, así como a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), específicamente en las Actas del Documento No.4.
“No estamos hablando de supuestos nuevos, sino estamos hablando y basándonos en toda la información, en el resultado obtenido en el (sistema informático) de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)”, detalló.
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De acuerdo con Sagastume Vidaurre, el TREP hace la clasificación de las actas que tuvieron problema, por lo que resaltó que son alrededor de 23 mil mesas las que indican que tienen problemas en cuanto a su llenado y completado.
De esta cuenta, el profesional del derecho argumenta que el Reglamento de la LEPP dice que los Documentos No.4 tienen que ser llenados y completados. “Quiere decir, que los 15 requisitos que contempla la ley tienen que constar en el documento, no puede faltar uno, pues si falta uno, obviamente eso acarrea su invalidez jurídica”, expuso.
El letrado destacó que, inclusive el TSE, en los instructivos que emitió, tanto impresos, como digitales, expresó que las actas que no estaban completas no eran válidas.
SEÑALA QUE SE CONSTRUYE PROCESO BASADO EN “ILEGALIDAD”
Bajo esta misma línea, destacó que lo que “están atacando” es la validez real del proceso legal, ya que se está construyendo un proceso electoral basado en “ilegalidades”, y que ello no es únicamente en la elección para la Presidencia, sino que también de diputados al Congreso, Parlamento Centroamericano (Parlacén) y municipalidades.
A criterio de Sagastume Vidaurre, las actas que no cumplieron los requisitos debieron ser anuladas, y que si se supera la tercera parte en el municipio, la elección también debe ser anulada para poder repetirse más adelante.
“Basados en ese artículo, y en la misma información que el TREP genera, es que estamos pidiendo esto, que sea declarada la nulidad especial del proceso electoral basado en el artículo 235 de la LEPP en 335 municipios, de 340 en la elección de Presidente”, sostuvo.
Según indicó, en la elección al Congreso son más de 300 municipios, mientras que al Parlacén y Corporaciones Municipalidades se reducen a un aproximado de 290 localidades que presentan estas supuestas anomalías.
Por ello, señaló nuevamente que se está construyendo una segunda vuelta electoral basada en “errores” e “ilegalidades”. “No podemos permitir como ciudadanos que la ley se retuerza de esta forma”, agregó.
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SE SUMA A ACCIONES CONTRA COMICIOS
La acción interpuesta por Sagastume Vidaurre, se suma a las acciones del Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, que han sido calificadas por las naciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) como una interferencia para evitar la realización de los comicios.
Los pronunciamientos fueron manifestados en reunión del Consejo Permanente de la OEA, por el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, el embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, el embajador de Canadá, Hugh Adsett, el embajador de República Dominicana, Josué Antinoe Fiallo, así como la embajadora de Costa Rica, Montserrat Solano, el embajador de Chile, Sebastián Kraljevich, y el embajador de Estados Unidos, Francisco Mora.
“Estamos profundamente preocupados por el reciente intento del Ministerio Público de amenazar la integridad del proceso electoral, o intento de revocar el estatus legal del partido político Semilla en medio del proceso electoral y allanando las oficinas del partido, o allanando las oficinas del Tribunal Supremo Electoral tras su legítima decisión de certificar los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Guatemala, y/o solicitando sanciones penales contra el Director del Registro de Ciudadanos del TSE por negarse a ejecutar una orden de revocación de la personería jurídica del partido Semilla”, declaró Mora.
