Luego que el Ministerio Público (MP) revelara un caso sobre la supuesta extracción ilegal de un órgano a una mujer de la tercera edad, familiares de la víctima emitieron un comunicado en el cual solicitan al gremio de profesionales de la salud abstenerse de emitir opiniones respecto al caso.
En un comunicado, emitido el pasado sábado 11 de marzo, se señala que los familiares de la agraviada son testigos directos de los hechos previos y posteriores de la lamentable situación, por lo cual expresaron que ven con preocupación un mal entendido “solidarismo” de personas, profesionales e incluso organizaciones gremiales que han “malinterpretado” y “manipulado” lo ocurrido contra la víctima.
“Resulta inexplicable e inaceptable, pues supuestamente y según referencias de profesionales que se han tomado a la tarea de defender a los sindicados, se trata de profesionales de reconocida ‘reputación médica’”, exponen en el texto.
A su vez, los familiares expusieron que profesionales de la medicina han salido a exponer “justificaciones y diagnósticos” con total desconocimiento de los hechos, causando así desinformación mediática, por lo cual, solicitaron atender el principio del debido proceso y abstenerse de declarar, ya que juzgar los hechos les corresponde únicamente a los tribunales de justicia, según se destaca en la nota.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 12, 2023
En esa línea, solicitaron no dejarse sorprender por declaraciones “sin fundamento”. “Confiando en que la justicia terrenal y divina prevalecerán en esta situación que ha puesto en riesgo la salud de un miembro de nuestra familia”, manifestaron.
DAN VERSIÓN DE LOS HECHOS
En el comunicado, los familiares de la paciente también expusieron la que llamaron “versión real” resumida de los hechos. Explicaron que los médicos diagnosticaron mielolipoma suprarrenal derecho, por lo cual consultaron al seguro médico, el cual refirió a una “red” para iniciar un tratamiento.
“La cirugía fue un éxito, se extrajo el tumor junto con la glándula, de acuerdo a lo programado”, detallaron médicos a los familiares, según el comunicado, el cual agrega que el médico programó una cita postoperatoria para entregar el informe de patología que había sido solicitado.
En el documento clínico se resaltó que se recibió un riñón sin evidencia de malignidad y no se localizó masas ni glándula suprarrenal.
En la cita postoperatoria, buscaron una explicación del informe, a lo que el profesional de la medicina únicamente afirmó que se trataba de un “error de patología” y se abstuvo de dar más detalles.
Debido a lo anterior, realizaron exámenes de radio imagen en otros centros de diagnóstico, en donde se confirmó la ausencia del riñón y la presencia del mielolipoma y la glándula suprarrenal. “Únicamente extrajeron un riñón sano, sin consentimiento alguno”, añadieron.
Así consta en la resolución que fue emitida con motivo de una acción legal que esté planteó para que su inscripción fuera habilitada. 👉[https://t.co/u5o7nVudoC] pic.twitter.com/wibRIk0FHX
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Por ello, familiares de la víctima aseguran que la salud de la persona se ha visto drásticamente afectada, por lo que presentaron una denuncia ante el ente investigador por el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humano, ante el “impacto por lo sucedido” y sin saber la situación a la que se enfrentaban conscientes del “daño, lesiones y secuelas”.
EL CASO
El pasado viernes 3 de marzo, el MP en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Mario René Bolaños Porras, médico urólogo; Dany Ferlandi Chocooj Coy, médico cirujano con especialidad en videolaparoscopia; Ángel David Valdez Vargas, médico urólogo; y Orlando Rodas Pernillo, médico patólogo.
Los detenidos son sindicados por el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, luego que se presentara una denuncia el 20 de mayo de 2022, según la Fiscalía.
El ente investigador detalló que para las capturas se realizaron allanamientos en inmuebles, registro y secuestro de evidencias, consiguiendo además declaraciones testimoniales, extracciones forenses y pruebas científicas.
De esta cuenta, el Juzgado Especializado en Trata de Personas decretó que los profesionales de la medicina no debían guardar prisión preventiva y les impuso arresto domiciliario. De acuerdo con el ente investigador, la decisión de la judicatura será impugnada.