Con caso en la época de Sandoval, MP justifica pedido de investigación a periodistas

Engelberth Blanco

El jefe de esta Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, justificó la solicitud de investigar a periodistas de elPeriódico comparándolo con las pesquisas realizadas cuando Juan Francisco Sandoval estaba a cargo de la Fiscalía en contra de Rolando Moisés Pérez, quien dirigía una cuenta de “Netcenter” que amenazaba operadores de justicia.

Curruchiche mencionó que de forma “categórica” y “evidente” todos los casos deben de tratarse de conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco. “Sin embargo, resulta más que evidente que las personas que hoy se pronuncian en contra de las investigaciones ordenadas por juez, en anteriores ocasiones, hayan aplaudido dichas decisiones”, señaló.

En esta línea, el Fiscal explicó que en el caso “Amenazas, Falsificación e Influencias” se condenó a Pérez a 12 años, por el delito de obstaculización de la acción penal, entre otras imputaciones, en donde quedó demostrado que atacó, coaccionó, amenazó e intimidó a un exmandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), operadores de justicia y periodistas.

 

Según el jefe de la FECI la condena fue aplaudida por diversos actores de la sociedad, quienes ahora “alzan la voz” contra la decisión del juez para investigar periodistas, lo cual evidencia un “doble discurso” e “incongruencia” a criterio de Curruchiche.

Tras el caso contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, se han realizado publicaciones en donde de forma “sistematizada”, “coordinada” e “irresponsable” se ha coaccionado y obstruido la investigación, tratando de influir de forma directa bajo amenazas e intimidaciones en el denunciante, testigos, fiscales y jueces.

SEÑALA ATAQUE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Bajo esta misma línea, el Fiscal aseguró que las acciones constituyen un ataque a la administración de justicia, así como a la independencia judicial, por lo cual afirmó que “no se trata de persecución a la Libre Emisión del Pensamiento, ni al ejercicio del periodismo”.

“Por lo que de forma categórica manifiesto que no existe ninguna criminalización a periodistas, ni a los abogados de José Rubén Zamora Marroquín, incluso durante el desarrollo de la audiencia el abogado defensor pudo haber impugnado la resolución del juez y no lo hizo”, sostuvo.

 

De esta cuenta, Curruchiche aseguró que velarán como funcionarios “probos”, “independientes” y “responsables” por el estricto cumplimiento de la ley para todos los guatemaltecos, por lo que aseguró que realizarían todas las investigaciones con “objetividad”, “imparcialidad” y con estricto apego al principio de legalidad.

SANDOVAL: REPUDIABLE COMPARACIÓN

Respecto al tema, Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FECI, calificó como “repudiable” la comparación del trabajo periodístico con las amenazas de muerte enviadas al aparato telefónico de un empleado de CICIG y cuyo “ingrediente adicional” era que tenía una cuenta de netcenter.

EL CASO CONTRA EL NETCENTER

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó sentencia condenatoria de 12 años de prisión y una multa de Q50 mil en contra de Pérez, por los delitos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

La investigación detalla que Pérez amenazó por medio de mensajes de texto al exmandatario de CICIG, Marco Leopoldo Zeissig Ramírez, el 10 de junio de 2019.

Las pruebas presentadas por la FECI determinaron que Pérez manejó una cuenta en Twitter de “NetCenter”, en donde amenazaba y atacaba a operadores de justicia.

Además, el caso involucra al alcalde de la Municipalidad de Mixco, Neto Bran, quien lo contrató como asesor en la Dirección Municipal de Planificación de la comuna, pese a que presentó documentación falsa.

EL CASO CONTRA PERIODISTAS

El juez Jimi Bremer ordenó la investigación contra los columnistas de elPeriódico, Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, así como contra los periodistas Rony Ríos, Alexander Valdez, Cristian Vélix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz.

El togado tomó la decisión a solicitud de la fiscal, Cinthia Monterroso, quien expresó que en contubernio con Zamora, los periodistas generaron “odio” y “desinformación” por medio de publicaciones en donde se señaló que se retuvo a empleados de elPeriódico; sin embargo, Monterroso argumenta que esto no ocurrió durante los allanamientos.