Pese a que, en 2019 la fiscal general, María Consuelo Porras, defendió el caso denominado Financiamiento UNE, en el cual una de las señaladas era la entonces candidata presidencial, Sandra Torres, ahora la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, no impugnó el cierre del proceso dando validez a los argumentos de la judicatura que señaló deficiencias en la pesquisa.
La FECI, entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentaron el 6 de febrero de 2019 una solicitud de retiro de antejuicio contra Torres, ya que un día antes recibió su credencial como candidata a la Presidencia.
El Ministerio Público contaba con indicios que Torres pudo cometer los delitos de asociación ilícita, así como de financiamiento electoral no registrado, debido a que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no habría reportado Q19 millones 531 mil 753.10 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las elecciones de 2015.
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La fiscalía explicó, en un comunicado publicado en el sitio web del MP, que las conclusiones de la investigación se fundamentaron en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales, así como “informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidades bancarias e informes de análisis y criminal de CICIG”.
En conferencia de prensa, Sandoval expresó que la decisión de presentar el caso un día después que Torres adquiriera inmunidad por ser candidata presidencial no era su opción y explicó que las directrices de persecución penal se encontraban en el artículo 251 constitucional y el artículo 11 de la Ley del MP, que refieren a las funciones del fiscal general, en este caso María Consuelo Porras.
PORRAS DEFIENDE DECISIÓN
Sobre esa decisión, Porras argumentó en un comunicado del 3 de abril de 2019 que la mayor responsabilidad de la Fiscal General es presentar los casos con objetividad, calidad técnico-jurídica y elementos probatorios que refuercen la hipótesis fiscal.
Afirmó que la ley le otorga al MP independencia para ejercer sus funciones, por lo que ninguna autoridad podría dar instrucciones a la Fiscal General o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción salvo las facultades de los tribunales de justicia.
La investigación nació en febrero de 2019 ¿qué sucedió con cada uno de los sindicados? Aquí te lo explicamos: https://t.co/EKpJILdsuB
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Resaltó que desde que ingresa un caso al despacho superior se tienen diversos procedimientos internos para su estudio y análisis técnico-jurídico para determinar la procedencia o no de su judicialización.
“En cuanto al proceso en referencia –Financiamiento a la UNE– se hicieron varias correcciones y se establecieron distintos análisis jurídicos con el consentimiento del licenciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, para asegurar cada uno de los electos sustanciales de la imputación con la adecuada ubicación los hechos, evidencias y elementos jurídicos”, expuso.
La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
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EN 2022, EL MP NO IMPUGNA CIERRE DE CASO
Luego de varias resoluciones y etapas del caso, el pasado 29 de noviembre, la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez decidió cerrar el proceso a favor de Torres y otros sindicados.
En la audiencia que duró varias horas, la togada concluyó que el MP no contaba con indicios que le permitan ordenar que el caso sea conocido en un tribunal de Sentencia Penal.
A criterio de la jueza Domínguez la investigación “carece de sustento legal”, asimismo, señaló que la pesquisa del MP “no tiene justificación legal. No señala roles de la supuesta estructura criminal”.
Agregó que “las pruebas no fueron suficientes para determinar los actos conclusivos, no reúnen los requisitos legales”.
Esta Redacción se contactó el viernes al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien confirmó que no apelarían a lo resuelto y que esto se basó en “un análisis jurídico, no político ni mediático, si no jurídico” que realizaron.
“Hemos realizado y analizado detenidamente la resolución de la jueza Claudette Domínguez y no se va a apelar esa resolución”, aseguró Curruchiche, validando así la resolución de la Jueza de Mayor Riesgo “A”.
