El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price informó este martes 8 de noviembre en una conferencia de prensa que el Gobierno norteamericano se encuentra alarmado debido a las constantes acciones contra los operadores de justicia en Guatemala.
Tras el pronunciamiento del Departamento de Estado, el Ministerio Público (MP) rechazó “categóricamente” los señalamientos y las calificó de tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco.
El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el
estricto cumplimiento de las leyes del país”. pic.twitter.com/hvz9wz0eKM— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 8, 2022
PRICE ASEGURA QUE SE ENCUENTRAN ALARMADOS
En el audiovisual Price resaltó que Estados Unidos se encuentra alarmado por la continuidad del patrón de acciones en contra de jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos anticorrupción, así como de derechos humanos.
Agregó que la defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluyendo jueces, fiscales y periodistas es vital para que los ciudadanos confíen en las instituciones de justicia, por lo que afirmó que “la aplicación clara y coherente de la ley es esencial para la buena gobernanza”.
“El pueblo guatemalteco merece instituciones de justicia en las que pueda confiar y Estados Unidos señala que continúa enjuiciando a los actuales y pasados actores de la justicia que están debilitando las salvaguardias más importantes de Guatemala contra la corrupción, la impunidad y el abuso de los derechos humanos», concretó.
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— Diario La Hora (@lahoragt) November 8, 2022
MP RECHAZA DECLARACIONES
Posteriormente a la publicación de Price, el ente investigador realizó una publicación con la leyenda “El Ministerio Público rechaza categóricamente”, en la cual argumenta que el mandato legal y constitucional del ente investigador es claro.
“Es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, menciona en la publicación.
El ente investigador rechazó “categóricamente” las declaraciones “vertidas” por Price, además de calificarlas de tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco.