Luego de los últimos requerimientos que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) hizo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Organización de Estados Americanos (OEA) expuso que la Misión de Observación Electoral (MOE-OEA) seguirá atenta ante «la presión intensa y constante» que existe en contra del proceso electoral y sus participantes.
Por medio de un comunicado emitido este 23 de agosto, la misión expresó su preocupación ante los requerimientos de información «sobre los miembros de las juntas receptoras de votos (JRV), miembros del cuerpo de revisores, de los coordinadores de digitadores y de los centros de votación de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto».
ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA BAJO PRESIÓN
La MOE-OEA por medio de su informe preliminar presentado el pasado 22 de agosto, declaró que la estabilidad democrática de Guatemala ha estado bajo “presión intensa y constante”, resultado de las “intervenciones por parte de distintos actores que buscaron desconocer, retrasar o revertir la oficialización de resultados; intimidar a los órganos electorales y al personal técnico contratado para el proceso, desinformar y plantear dudas en la población”.
Dichas acciones que realiza el MP, según la MOE-OEA, crean “un ambiente de confusión e incertidumbre jurídica”, por lo que recordó que la “extrema judicialización del proceso ha colocado a la democracia en Guatemala en una zona de riesgo que no se merecen las y los ciudadanos de este país”.
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ACCIONES DEBEN EFECTUARSE SIN ABUSO DE AUTORIDAD
Ante las acciones desarrolladas por la FECI y otros órganos jurídicos, recordó que es importante tener presente que las acciones de todas las autoridades judiciales deben efectuarse sin abuso de autoridad, por lo que recordaron que es imperativo que todas las acciones judiciales respeten las garantías constitucionales y estén enmarcadas en las buenas prácticas internacionales del derecho.
Asimismo, expresó que dichas acciones en contra del proceso electoral y las relacionados con él, “deben tener sustento legal claro, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, conforme a los estándares establecidos por la Jurisprudencia Interamericana”.
NO RETRASAR TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL
La MOE-OEA resaltó que el proceso de Judicialización no debe intervenir en los compromisos adquiridos por el presidente Alejandro Giammattei para dar inicio al proceso de transición con el presidente electo Bernardo Arévalo, por lo que debe reunirse al día siguiente de la oficialización de los resultados como se acordó para dar una imagen positiva que “no debe verse empañada por acciones contrarias a la democracia”.
OBSERVAN PROCESO ELECTORAL Y JUDICIAL
Ante estos hechos, la misión se comprometió a mantenerse desplegada dando seguimiento al proceso electoral, observando las audiencias de revisión de escrutinio en las Juntas Electorales Departamentales y continuará atenta al desarrollo de las acciones judiciales, hasta pasado el 14 de enero cuando se haga la transición de gobierno.
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REQUERIMIENTOS DE LA FECI
El pasado 22 de agosto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad presentó un nuevo requerimiento a la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, en el que requiere la documentación de los centros de votación instalados, nombres de miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV), revisores y digitadores; información sobre los coordinadores e integrantes de las Juntas Electorales Departamentales (JED) de la primera y segunda vuelta.
Otro de los requerimientos que el MP ha solicitado del retiro de antejuicio contra el Director del Registro General de Ciudadanos del TSE, Ramiro José Muñoz, por supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
BUSCAN RETIRO DE ANTEJUICIO DE MAGISTRADOS
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de Irma Palencia, presidenta del TSE, Mynor Franco, magistrado titular del órgano electoral, y el magistrado suplente Álvaro Cordón, con la cual buscan retirar su derecho de antejuicio para proceder a una investigación en su contra.
Esto, derivado de las denuncias presentadas por los abogados Giovanni Fratti y Pedro Cruz en marzo pasado contra los funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución.
