Foto de archivo, 13 de julio de 2023. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan el edificio del Ministerio Público.
Foto de archivo, 13 de julio de 2023. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan el edificio del Ministerio Público. Foto La Hora/José Orozco.

Debido al panorama que rodea la celebración de la segunda vuelta electoral, a consecuencia de las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) en contra del partido político Movimiento Semilla, La Hora consultó a analistas en materia de seguridad para saber cuál debería ser el papel de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

Existe incertidumbre sobre las acciones que podrían desempeñar las autoridades de seguridad para velar por los intereses de la ciudadanía que se acercó a las urnas a emitir su sufragio el pasado 25 de junio, ante los sucesos por los cuales varias voces han dicho que existe un “rompimiento” del Estado de derecho, en torno a la investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realiza.

Analistas entrevistados por La Hora coincidieron al señalar que las fuerzas de seguridad del país deberán tomar una posición institucional, respetando la Constitución Política de la República de Guatemala, la jerarquía organizacional del poder, el Estado de derecho y, sobre todo, los intereses del pueblo.

INSTITUCIÓN OBEDIENTE DE SUS AUTORIDADES

Francisco Rivas, exministro de Gobernación, declaró, “hay que tener claro que la PNC y el Ejército de Guatemala, en el ejercicio del poder público, son llamadas a servir a la ciudadanía guatemalteca, a la Constitución y, por supuesto, al Estado de derecho”.

Rivas resaltó que la ciudadanía debe “comprender que ellos también son una institución jerarquizada obediente de sus autoridades superiores”.

Asimismo, declaró que las instituciones deben mantener una “postura institucional”, porque Guatemala está en un “momento clave”.

“Prácticamente el rompimiento del Estado de derecho y el orden constitucional se está manifestando de las fuerzas oscurantistas del país, que están utilizando argucias de carácter legal para imponer su voluntad en contra de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”, dijo el exfuncionario

Por último, resaltó, “como instituciones democráticas y respetuosas del Estado de derecho deben tomar una postura institucional y un criterio desde su autoridad superior, como lo es el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa Nacional, conforme a lo que el presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, pueda establecer”.

RESGUARDAR EL ORDEN PÚBLICO

El también extitular de la cartera del Interior, Carlos Menocal, explicó que tanto la PNC como el Ejército de Guatemala obedecen a un superior, pero ellos también deberán, como lo señalan las leyes de seguridad “resguardar el orden público y por supuesto los procesos”

Menocal indicó que las entidades de seguridad deberán ser “cuidadosas y trabajar de manera profesional e institucional, debido a las circunstancias en que nos encontramos en el país”.

 

También agregó que las acciones legales del Ministerio Público (MP) contra Semilla vulneran de manera total el proceso electoral, porque “hay acciones judiciales contrarias a la ley electoral”.

Junto a esto, expresó: “la PNC debe de mantener discurrimientos de sus actuaciones”, e indicó que deberán mantenerse bajo el orden institucional, puesto que ellos deben “sujetarse a las órdenes que sus superiores”

Por último, indicó que el Estado deberá ser en este caso el que determine cómo actuar para “el resguardo sobre los resultados electorales y el voto, por lo tanto, y el mantenimiento a la democracia”.

RESPETAR LA INSTITUCIONALIDAD

Mario Mérida, analista de seguridad, comentó que “las autoridades en el ejercicio del poder público representan la fuerza, los cuales se rigen bajo las órdenes del de sus superiores”.

De esa cuenta, aseguró que las autoridades del Estado deberán determinar hasta qué momento el Ejército se mantenga en reserva dentro de sus cuarteles, a la espera que exista una circunstancia que los obligue a desplegarse, y que la PNC pueda dar acompañamiento para el resguardo de la ciudadanía.

También resaltó que las dos instituciones: “deberán respetar la institucionalidad que les señala cómo deben actuar en estos casos”.

Mérida señaló: “las instituciones deberán guardar una distancia en cuanto a las decisiones políticas que se toman”, esto para evitar cualquier tipo de señalamiento por parte de la ciudadanía.

“El ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa deberían haber realizado una conferencia de prensa para aclarar que ellos solo apoyarán desde lo que establece la ley, dado acompañamiento”, enfatizó

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