Por Eder Juárez
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Ante la serie de ilegalidades que comete el Organismo Ejecutivo para darle cumplimiento al Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), al realizar una prueba para implementarlo con la llegada al país del primer migrante hondureño solicitante de asilo, obviando lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) de enviar dicho acuerdo al Congreso de la República, abogados urgen al Ministerio Público (MP) la recta aplicación de la ley.
“Lo que tiene que ver el MP es que hay una resolución de la CC, que expresamente le indica al Ejecutivo que tiene que cumplir con el procedimiento de enviar ese acuerdo al Congreso de la República, y al no cumplir con esa resolución de la CC, estamos ante un delito de desobediencia y eso es lo que le compete ver al MP, observar de oficio que habiendo una resolución el Ejecutivo recibe a una persona bajo ese estatus, pero no ha cumplido con lo que se le ha ordenado”, dijo el abogado Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
De acuerdo con Samayoa, es urgente que el MP vele por la recta aplicación de la ley, “pero lo que preocupa, es que son varios casos y situaciones en las que hemos visto una clara rebeldía y desobediencia de parte del Ejecutivo a diversas resoluciones que emite la CC; la Corte no debería está conociendo todo esto si los funcionarios cumplieran con el estricto cumplimiento de los pasos de legislación, pero la han obligado a intervenir ante esta desobediencia, y aun intervenida siguen desobedeciendo, entonces sí es urgente que el MP observe ese cumplimiento”.
OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL
Por su parte, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, indicó que el MP tiene obligación constitucional de velar por la recta aplicación de la ley, “y realmente lo que ha hecho en este tema es dormir el sueño de los justos”.
Según Orellana, cualquier ciudadano puede plantear un recurso de inconstitucionalidad de dicho convenio, pero lo que pasa es que hay que esperar a que salga publicado en el Diario Oficial, ya que la CC ha sostenido la doctrina que toda norma jurídica que se impugne de inconstitucionalidad debe ser publicada.
Además señaló que “todo indica que el Ejecutivo está en la posición de hacer valer este acuerdo a rajatabla”.
MP DEBE EVALUAR ACTUACIONES DE AUTORIDADES
Entre tanto, el abogado Edgar Ortiz de la Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que el MP debe evaluar las actuaciones del Ministro de Gobernación y de las diferentes autoridades correspondientes, porque la resolución de la Corte obligaba al Ejecutivo a que revisara si se habían cumplido los pasos necesarios para que fuera aprobado el acuerdo.
“Entonces el convenio debe ser ratificado por el Congreso, dicho eso, creo que hay una evidente violación a la resolución de la Corte, y en torno a eso podría ser que se certifique nuevamente una denuncia por desobediencia, porque se está desobedeciendo una orden de la Corte y también hay que hacer un estudio cauteloso, porque también podría llegar a tener un abuso de autoridad que es un delito más grave”, señaló Ortiz.
