Por Eder Juárez
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Ayer Diana Odette Benavides, ex jefa del Departamento Jurídico del Ministerio Público (MP), señaló en una audiencia en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal, que ella fue víctima de presiones de parte de personeros del ente investigador y de la bancada de FCN-Nación. Benavides es señalada por la Fiscalía de Asuntos Internos de estar involucrada en la compra sobrevalorada de un edificio para el MP, durante la administración de la exfiscal general, Thelma Aldana.
“La Fiscal General nunca respondió a mis solicitudes y en septiembre de ese mismo año me confirmaron en el puesto, pero resulta que a finales de septiembre y principios de ese mismo año cuando tomó posesión la misma administración empezaron a hacer negociaciones para realizar unos pagos a unos proveedores del Estado, pagos que eran ilegítimos porque estaban fundamentados en contratos y negocios que son nulos de pleno derecho y lo que correspondía era iniciar los trámites para la nulidad de esos contratos”, declaró Benavides, esto al explicar que ella había sido nombrada en el puesto de manera temporal y que con el cambio de Fiscal General puso a disposición su cargo y pidió regresar a su puesto anterior.
Además, agregó que “al darles yo esa opinión que obviamente era contraria a los intereses de los asesores del despacho, me encerraron en una oficina y me coaccionaron, indicando que, si yo no accedía y si yo no cedía, entonces iban a utilizar el poder del MP en mi contra tal como está sucediendo”.
Según Álvaro Montenegro, de Alianza por Reformas, las declaraciones de Diana Benavides, son preocupantes porque refleja una serie de comisiones de delitos, por lo que se debe realizar una investigación independiente de los hechos que se están denunciando, porque no son nuevos, ya que ella ya los había denunciado desde el año pasado.
“Se debe hacer una investigación independiente sobre este tema. Desde el principio este caso fue dudoso por la comisión creada en el Congreso, comandada por personas que fueron sindicadas por Thelma Aldana, desde ahí se veía una mala fe en este caso, en donde había algunos cuestionamientos que ahora se están profundizado”, dijo Montenegro.
Por su parte Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) dijo que para el Juez que ve el caso del edificio, no debe pasar inadvertida la declaración de Benavides, “debe ordenar al Ministerio Público que investigue esos extremos”.
De acuerdo con Samayoa, desde abril del año pasado Benavides venía denunciado esos hechos, “extremos que hoy estamos viendo que sí suceden, como el tema de amenazar con una persecución infundada y poder desarrollar otro tipo de acciones en contra de ella, debemos respetar el proceso y observarlo, primero para que el Juez sí ordene esa investigación, para que a ella no se le vaya a violentar ningún derecho procesal y para que si los extremos que ella declaró son tales como ella los expuso, las personas que estén involucradas enfrenten un proceso penal”.
Se intentó tener una postura del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) para esta nota, pero no hubo respuesta.
