La nueva Corte de Constitucionalidad (CC) conocerá el jueves 23 de abril un amparo que buscaría intervenir en la elección de fiscal general, días después de que la Comisión de Postulación integre la nómina final que será enviada al presidente.
El amparo, solicitado por Raúl Falla de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), será conocido pese a que la presidenta de la alta Corte, Anabella Morfin, fue presionada para influir en la selección y luego de que 48 aspirantes hayan sido calificados y la mayoría depurados del proceso por la rigurosidad de la tabla de gradación aplicada.
El amparo a conocer será el del expediente 1926-2026, por el cual los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Marisol Rivera conminaron a Morfin para convocar a una sesión, de forma urgente, y definir la exclusión de jueces en dicho proceso.
En declaraciones anteriores, la magistrada de la CC, primera presidenta del nuevo periodo, expresó su preocupación ante lo que ella consideró un uso recurrente de los amparos para judicializar procesos. La Hora buscó su postura en aquella ocasión, tras haber conocido la solicitud de los tres magistrados, pero no se obtuvo una respuesta.
En la Comisión de Postulación de 2022, un amparo promovido por Falla y resuelto por la magistratura saliente —de la cual Molina Barreto y Ochoa permanecen con sus togas constitucionales tras su reelección— dejó fuera a jueces porque contradecía, ante la interpretación del solicitante, la función de ser abogados, pese a una sentencia de la CC de 2014 que permitió la participación de aquellos integrantes de la judicatura.
La discusión fue resuelta por los comisionados en el proceso actual y, por mayoría, permitieron que los años de los jueces fuesen tomados en cuenta.
No es un dilema nuevo que los comisionados busquen dejar fuera de la contienda a quienes hayan ejercido como jueces. Los recursos legales interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad en procesos anteriores, 2014 y 2022, por nombrar algunos, difieren uno del otro y fueron tomados como antecedentes por la Postuladora.
Mientras que la magistratura de 2014 emitió sentencia y estableció que ser juez también implica ejercer la abogacía, en 2022, los togados que recién dejaron el cargo indicaron, por medio de un amparo provisional, que ser juez y abogado eran cargos incompatibles. La nómina de 2018, por ilustrar un caso, estuvo integrada al menos por dos jueces: Miguel Ángel Gálvez, hoy en exilio voluntario, y Patricia Gámez, ahora comisionada del proceso referido.
El debate de las Comisiones de Postulación pone sobre la mesa los artículos 251 (Ministerio Público) y 216 (Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema) de la Constitución Política de la República, ya que fijan como tarjeta de acceso al proceso haber ejercido como magistrado de la Sala por un periodo o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
El 207 (Requisitos para ser magistrado o juez), por su parte, explica que las funciones antes mencionadas son incompatibles con cualquier otro empleo; por ende, no están facultados para ejercer la abogacía y el notariado de forma liberal.
No obstante, un requisito indispensable para ser juez es el de ser abogado colegiado, lo que da génesis a la pregunta que por años ha sido instrumentalizada para dejar fuera a contendientes. Tomando en cuenta que las mismas prohibiciones que tiene un juez las tiene un agente fiscal del Ministerio Público, pero amparos no han sido presentados en el mismo número contra los primeros eslabones del ente investigador.
