La reestructuración que impulsa el fiscal general Gabriel García Luna tiene un objetivo que trasciende el relevo de funcionarios: reconstruir una carrera fiscal que, a su juicio, quedó desmantelada durante la administración de su antecesora, María Consuelo Porras.
En una entrevista telefónica con La Hora, el jefe del Ministerio Público (MP) sostuvo que las destituciones y traslados emprendidos desde su llegada son una respuesta a ese deterioro institucional y aseguró que la institución atraviesa un proceso de «limpieza» para recuperar la confianza interna.
En poco más de 40 días al frente del MP, García Luna ha removido de puestos estratégicos a varios fiscales que integraban el círculo de confianza de Porras. Entre ellos figuran funcionarios que enfrentan denuncias penales dentro del propio MP y que fueron sancionados internacionalmente por gobiernos extranjeros por acciones consideradas como un debilitamiento del Estado de derecho y la justicia en Guatemala.
El movimiento representa un giro respecto de la administración anterior, marcada por la expulsión de decenas de fiscales de carrera desde 2021, entre ellos el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, cuya destitución fue seguida por casos penales impulsados por el propio MP y cuestionados por organismos internacionales como una forma de persecución política.
Para García Luna, el problema no radica únicamente en los nombres que ocupaban las jefaturas, sino en el impacto que esos cambios tuvieron sobre la institucionalidad. «La carrera fiscal para mí es muy importante. La destrozaron en los últimos años. Estas destituciones (las suyas) obedecen a esa misma destrucción que se realizó», afirmó.
Su diagnóstico parte de la necesidad de reconstruir la confianza dentro de una institución que, según dijo, quedó marcada por relaciones de subordinación y presiones internas.
«En 40 días hemos logrado una primera limpieza, la de las personas más cercanas a la anterior administración. Necesitamos gente confiable porque tiene la capacidad y la ética para esos puestos».
El fiscal explicó que la revisión alcanza tanto al área administrativa como a la fiscal. Aseguró que algunos funcionarios han renunciado y otros fueron destituidos, mientras el resto continúa sometido a evaluaciones de capacidad y confiabilidad.
«Todavía falta una cantidad de trabajadores que deben pasar los filtros de confiabilidad y capacidad para poder permanecer. Un fiscal no puede trabajar con personas en las que no puede confiar».
Según García Luna, el proceso no está concluido y todos los funcionarios, incluido él mismo, se encuentran bajo un período de evaluación.
«Estamos en un período de prueba todos, hasta el fiscal general. Ese período significa un desgaste, pero es necesario para hacer una depuración lo más sana y limpia posible».
UNA CARRERA FISCAL DEBILITADA
La afirmación de que la carrera fiscal fue «destrozada» parte de los últimos cinco años de la gestión de Consuelo Porras, sancionada por 44 países del mundo por sus acciones corruptas y antidemocráticas.
En 2021, la administración anterior negoció un nuevo pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores del MP. Además de incorporar un bono mensual para miles de empleados, el acuerdo incluyó una cláusula que amplió los puestos considerados de libre nombramiento y remoción, permitiendo destituir jefaturas y fiscales sin agotar previamente el procedimiento disciplinario previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Ese mecanismo fue utilizado para remover a fiscales con años de carrera dentro de la institución, varios de ellos sin sanciones disciplinarias ni evaluaciones negativas.
Paradójicamente, García Luna ha recurrido a esa misma figura jurídica para remover a funcionarios cercanos a la anterior administración. La diferencia, según plantea, radica en el propósito: mientras el mecanismo fue utilizado anteriormente para desplazar fiscales de carrera, ahora busca desmontar una estructura de confianza construida durante los últimos años.
Consuelo Porras premió la lealtad de sus fiscales cuestionados en las jefaturas del MP
«EL PERSONAL SE SIENTE LIBERADO»
El fiscal aseguró que los cambios han generado una reacción favorable dentro del MP.
«En las fiscalías más importantes el mismo personal ha manifestado su satisfacción al estar ya liberado de ciertas personas que habían ejercido presiones y distintos tipos de fuerza laboral», asegura García Luna.
Como parte de la reconstrucción institucional, anunció que se abrirán convocatorias internas para promover ascensos de auxiliares y agentes fiscales, además de procesos externos dirigidos a profesionales que ya forman parte del banco de elegibles del MP.
«Hay muchos auxiliares fiscales que han tenido el deseo de ascender. También habrá convocatorias externas. Es un movimiento completo de personal en una institución de más de 13 mil trabajadores».
A juicio del fiscal, la transformación también implica modificar la cultura institucional.
«Debe existir una limpieza mental. Uno se acostumbra a trabajar en cierta línea y algunos han sido sobrevivientes de ese tipo de direcciones».
DEPURACIÓN NO BASTA SIN CAMBIOS EN EL SISTEMA
Aunque defendió la reorganización del MP, García Luna sostuvo que la recuperación institucional será insuficiente si no se acompaña de reformas en el Organismo Judicial.
Desde su experiencia como juez, magistrado y ahora fiscal general, planteó la necesidad de replantear el sistema de elección de magistrados para fortalecer su independencia frente a intereses políticos. Lo dijo subrayando el respeto que tiene a los tres poderes del Estado y a la Constitución.
«Es necesario replantearse la forma de elección de magistrados para que no respondan a un sistema político».
García Luna considera que reconstruir el MP no será suficiente sin reformas al sistema de justicia
También consideró que los períodos de magistrados podrían ser más extensos y alternados, siguiendo modelos implementados en otros países, aunque reconoció que una reforma de ese tipo requeriría modificaciones constitucionales.
Mientras esos cambios no ocurran, afirmó que la prioridad será fortalecer técnicamente las investigaciones para que los jueces cuenten con mejores elementos al resolver los casos.
«El Ministerio Público debe generar peticiones con mucho más fundamento, con pruebas y más análisis para que los jueces tengan mejores elementos para resolver», concluyó.
