MP, avalado por juez Orellana, quiere “quebrar” a Masaya y Santos

Eduardo Masaya y Jorge Santos, detenidos por su presunta implicación en el cuestionado caso contra el partido Movimiento Semilla, fueron trasladados desde un centro penitenciario de mayor seguridad hacia otro con condiciones más vulnerables, por orden del juez sancionado Fredy Orellana a pedido del Ministerio Público (MP), según fuentes judiciales.

 

#PORTADADEHOY

MP, avalado por juez Orellana, quiere “quebrar” a Masaya y Santos

👉 https://t.co/YkoJktwbsx pic.twitter.com/tZFhzGFvNJ

— Diario La Hora (@lahoragt) May 20, 2025

Tres fuentes cercanas al caso aseguraron que los traslados han estado acompañados de amenazas dirigidas a que Masaya y Santos se quiebren emocionalmente y acepten los cargos en su contra, de modo que involucren a otros funcionarios en la investigación. El abogado defensor de Masaya calificó como una forma de tortura el constante estado de incertidumbre al que ha sido sometido su cliente, especialmente por los movimientos inusuales en su lugar de reclusión.

La implicación de Masaya es porque habría legalizado ocho de las hojas que Semilla utilizó en 2018 para inscribir al Comité Pro Formación y convertirse en partido en un caso que señala firmas falsas para su constitución. Santos, por su parte, está acusado por su papel como exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante los comicios generales de 2023, en el mismo expediente ampliamente cuestionado a nivel internacional.

INSISTENCIA EN TRASLADOS

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP solicitó el traslado de Masaya y Santos, y el juez Orellana accedió a la petición el pasado 15 de mayo. Ambos fueron enviados al anexo B del centro preventivo para hombres, en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, tras compartir celda en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.

Sin embargo, al día siguiente, el 16 de mayo, el Sistema Penitenciario (SP) informó que Masaya se mantendría en Mariscal Zavala «en atención al deber de mantener la seguridad de la población privada de libertad y salvaguardar su integridad física». Posteriormente, también se conoció que Santos permaneció en el mismo centro.

En respuesta, el juez Orellana ordenó una vez más el traslado de ambos al preventivo de la zona 18. El SP ejecutó la disposición alrededor de la 1 de la madrugada de este 20 de mayo, y en conferencia de prensa el presidente Bernardo Arévalo confirmó que Santos permanece junto a Masaya. 

La Hora contactó al abogado de Masaya, quien aseguró que los constantes traslados han afectado a su cliente “emocional y psicológicamente”, y que hasta ahora no ha manifestado intención alguna de aceptar los cargos que se le imputan. “Se ha mantenido dentro del proceso normal”, señaló el defensor, quien calificó de “tortura” el modo en que se han realizado los traslados.

“No deja de ser una tortura lo que están haciendo. Trasladarlo a esas horas le afecta”, dijo, en alusión a los movimientos que, según explicó, buscan quebrantar su estabilidad emocional. Masaya tiene programada la audiencia de acusación para el próximo 26 de mayo.

AMENAZAS Y PRESIONES

Tres fuentes cercanas a Santos y Masaya, que pidieron el anonimato por temor a represalias del MP, denunciaron a La Hora que ambos han sido objeto de amenazas y presiones para que acepten los cargos que se les imputan y, con ello, involucren a otras personas en el caso.

Además, señalaron que, tras su llegada al anexo del preventivo en la zona 18, han sido víctimas de extorsiones conocidas como talacha, una práctica común que se mantiene enquistada en el sistema penitenciario. Ambos, según los testimonios, han sido presionados para aceptar culpas. 

Según una de las fuentes, existe interés por parte de terceros en que Santos opte por aceptar los cargos en su contra el próximo 21 de mayo, fecha en la que está previsto el inicio formal de la acusación. El exdirector de Informática del TSE tuvo a su cargo garantizar y administrar la seguridad interna y perimetral de los servicios de información durante las elecciones generales de 2023. 

Aunque el caso contra el partido Semilla se originó por supuestas irregularidades en su proceso de constitución en 2018, el MP de María Consuelo Porras ha utilizado esa carpeta judicial para incorporar hechos vinculados a las elecciones generales de 2023, en las que Bernardo Arévalo resultó electo presidente con el respaldo de Semilla.

El expediente, bajo la dirección del juez Orellana, ha servido de base para solicitar allanamientos, órdenes de captura y decomisos de evidencia que no guardan relación directa con las presuntas firmas falsas, sino que responden a la narrativa de un supuesto fraude electoral, que ha sido desmentido por organizaciones internacionales y países que fueron observadores electorales. 

Desde 2023, la FECI dirigida por Rafael Curruchiche ha promovido este caso con el objetivo de anular los resultados electorales, una estrategia que desató protestas masivas a nivel nacional en el país y provocó más de 40 sanciones internacionales contra Porras, el juez Orellana y varios fiscales señalados de intentar un golpe de Estado.