El Organismo Judicial (OJ), que preside Teódulo Cifuentes Maldonado, realiza un análisis de riesgo al juez Erick García por las amenazas e intimidaciones que denunció de forma pública en el marco del caso contra el periodista y fundador del extinto diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien recientemente fue reenviado a prisión preventiva por orden de la Sala Tercera de Apelaciones tras un pedido del Ministerio Público (MP) y la Fundación contra el Terrorismo (FCT) de mantenerlo privado de libertad.
Durante la audiencia en la que el Juzgado Segundo Penal A acató la resolución de la Sala, García reveló que tanto él como el personal de su judicatura han sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de personas desconocidas a raíz de que el caso contra Zamora pasó a manos de ese juzgado.
«Debo hacer de conocimiento ante la población en general, que durante todo este tiempo atrás, el juez y los personeros han sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de personas desconocidas», rompió el silencio el juez en plena audiencia, enfatizando que la situación debía quedar registrada en los audios oficiales del proceso.
OJ REALIZA ANÁLISIS DE RIESGO
Las amenazas contra el juez García no son recientes.
El 10 de febrero, el togado solicitó al OJ una evaluación de riesgo para determinar si es necesario otorgarle medidas de seguridad. Ese mismo día, presentó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) una segunda denuncia en la que reportó haber recibido una amenaza de muerte y presiones relacionadas con sus resoluciones a favor de José Rubén Zamora y cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De momento, aún no hay un fallo del OJ sobre si se le otorgarán medidas de seguridad. El procedimiento se encuentra en la Dirección de Seguridad Institucional, quienes se encargan de realizar un análisis de riesgo con relación a la situación del juez. De esa cuenta, con la evaluación la Presidencia del OJ tomará una decisión.
La Hora consultó a Comunicación Social de la CSJ sobre el motivo de su silencio ante las amenazas recibidas por el juez García. En respuesta, la institución señaló que los magistrados de la Corte, incluido el presidente del OJ, podrían ser recusados para no conocer una eventual solicitud de retiro de inmunidad contra el togado si externan opinión del caso.
Asimismo, se pidió información sobre el procedimiento que sigue la Corte Suprema cuando un juez denuncia ser víctima de presiones y amenazas que incluyen a su personal. Al cierre de la edición de esta publicación no se obtuvo respuesta por parte de la secretaría de Comunicación Social de la CSJ.
SE SUMA A LA LISTA DEL MP
El pasado 14 de enero, el juez García se sumó a la lista de juzgadores contra quienes el MP, que dirige María Consuelo Porras, ha solicitado que se les retire la inmunidad porque, a criterio del ente investigador, cometieron delitos al no obtener resoluciones acordes a los intereses que el ente persecutor ha solicitado.
Esa vez, por medio de sus redes sociales, anunciaron que la Fiscalía contra Delitos Administrativos había presentado una solicitud de retiro de antejuicio en contra del juzgador, tras emitir una resolución que permitió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) volver a sus funciones tras haber sido apartados del cargo con una resolución señalada de ilegal por la Sala Primera de Apelaciones.
La jueza Karen Chinchilla también fue antejuiciada por el MP luego de que otorgara medidas sustitutivas a los magistrados del TSE, en un caso señalado por los jueces electorales como una venganza política por no coludirse para avalar el intento de golpe de Estado para que no asumiera el presidente Bernardo Arévalo.
CASO ZAMORA
El pasado 4 de marzo, los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, dos vinculados al diputado Felipe Alejos y la exdiputada Alejandra Carrillo, revocaron la medida sustitutiva que el juez García le otorgó a Zamora, en el segundo caso que se lleva en su contra, y ordenaron que regrese a prisión.
La resolución se dio en atención a una apelación planteada por el MP y el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, quienes impugnaron la decisión que le permitió la libertad inmediata a Zamora en octubre del año pasado tras permanecer más de 800 días privado de libertad en una situación de tortura, según un informe médico y psicológico.
Sin embargo, la sala no resolvió la apelación planteada por la barra acusadora, sino que los magistrados «detectaron un error», y resolvieron «de oficio» una actividad procesal defectuosa. De esa cuenta, anularon el beneficio del juez García de que mantuviera arresto domiciliario.
El periodista fue detenido en julio de 2022 acusado de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión en 2023, pero una Sala de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio para 2025. Ahora, desde la bartolina número dos del centro preventivo Mariscal Zavala, le tocará esperar el debate.
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