Antejuicio estancado en la CSJ: Giammattei y el uso injustificado de la SAAS para su pareja y cercanos

Un antejuicio que busca retirar la inmunidad al expresidente Alejandro Giammattei, sancionado por Estados Unidos, permanece estancado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aún no resuelve si dará trámite a la solicitud. La querella penal señala que Giammattei habría otorgado privilegios en materia de seguridad a funcionarios de su gobierno y a su pareja, Miguel Martínez, sin justificación alguna, en contravención de lo que establece la ley.

La querella fue presentada el 19 de junio de 2024 en Gestión Penal, en el edificio de Torre de Tribunales, por el diputado José Chic. Hasta la fecha, el antejuicio sigue relegado. Ni la anterior CSJ, presidida por Oscar Cruz, ni la recién nombrada en octubre pasado, bajo la dirección de Teódulo Cifuentes, han abordado la solicitud para determinar si procede o no su trámite. Se trata del primer paso para decidir el futuro del proceso.

Actualmente, Giammattei goza de inmunidad por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un cargo al que el presidente y el vicepresidente pueden acceder automáticamente tras concluir su mandato. Aunque en la campaña electoral de 2019 prometió retirar a Guatemala de ese organismo, ahora el Parlacen lo blinda frente a la justicia.

Sobre el expresidente pesan al menos nueve casos de presunta corrupción en el Ministerio Público (MP), comandado por María Consuelo Porras, sancionada en 43 ocasiones y cercana a Giammattei. Porras ha sido criticada por no presentar un solo caso en su contra, pese a que el Gobierno estadounidense lo sancionó tres días después de dejar la presidencia por su «involucramiento en significativos actos de corrupción».

El diputado Chic busca que Giammattei sea investigado por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad en incumplimiento de deberes. La querella también alcanza a Héctor Castillo Alvarado, ex secretario de la SAAS, por los mismos dos delitos, además de peculado por uso, por presuntamente haber asignado agentes de seguridad a funcionarios ajenos al Organismo Ejecutivo.

PRIVILEGIO «SIN JUSTIFICACIÓN»

La querella presentada por el diputado Chic señala que, durante su mandato (2020-2024), Giammattei asignó agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) a funcionarios y cercanos de manera irregular, en violación del artículo 2 de la ley que rige ese organismo. Dicho artículo delimita sus atribuciones y especifica a quiénes puede brindar protección.

Según dicha ley, la SAAS está obligada a brindar protección permanente al presidente, al vicepresidente y a sus familias, así como a sus antecesores en el cargo. También debe ofrecer seguridad temporal a funcionarios del Estado o del Gobierno, a dignatarios en visita oficial a Guatemala y a secretarios o ministros «que, por la naturaleza de su actividad, requieran protección».

La querella incluye un listado de personas y funcionarios que habrían recibido seguridad de la SAAS sin justificación aparente. Según el diputado Chic, «no existe documentación que respalde las razones de este privilegio otorgado a funcionarios ajenos al Ejecutivo, ya que la ley es clara en cuanto a su ámbito de aplicación», refiere la narración de la denuncia.

«No existen planes de riesgo que sustenten que debió darse seguridad a las personas que la SAAS otorgó seguridad, como consta el informe», expone la querella en la parte de su fundamento.

SEGURIDAD DE SAAS PARA SUS CERCANOS

Uno de los nombres que figuran en la lista es el de Poll Anria, exasesor panameño de Giammattei, quien, según un reportaje publicado en Nómada, habría burlado la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2019 para facilitar la llegada de Giammattei a la silla presidencial. El estratega contaba con dos agentes asignados para su seguridad, uno en turno diurno y otro en nocturno.

El diputado Mynor Mejía Popol, del partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), con el que Giammattei llegó al poder, también figura en el listado de 30 personas beneficiadas con seguridad de la SAAS. Contó con un agente por turno. Mejía Popol fue jefe de bancada de esa agrupación y, según una investigación del extinto elPeriódico, prestó su nombre para encubrir una de las sociedades anónimas que la exvicepresidenta Roxana Baldetti utilizó para adquirir propiedades. 

Manuel Conde, exdiputado de VAMOS, también se benefició con tres agentes de seguridad por turno por orden de Giammattei. Conde fue el candidato presidencial de ese partido en 2023, pero quedó en tercer lugar en la primera vuelta, pese a que su agrupación fue la segunda que más recursos destinó a la campaña electoral.

MARTÍNEZ, EL MAYOR BENEFICIADO

Miguel Martínez, pareja del exmandatario, fue el cuarto beneficiado con más agentes de la SAAS por orden de Giammattei, solo por detrás de su entonces esposa, Marta Rosana Cáceres, y de sus tres hijos, Alejandro, Stefano y Ana Marcela Giammattei Cáceres. La sanción impuesta al expresidente también alcanzó a sus hijos, ya que el Departamento de Estado de EE. UU. les retiró la visa.

Martínez fue secretario de Giammattei durante la campaña de 2019 y, tras asumir la presidencia en 2020, el mandatario creó el Centro de Gobierno, un organismo que le restó atribuciones al entonces vicepresidente. Martínez fue designado como su director, que tuvo la gestión del gabinete. Sin embargo, tras fuertes críticas y protestas ciudadanas, el Centro de Gobierno fue disuelto el 18 de diciembre de ese mismo año.

Según un informe de la SAAS, incluido en la querella, Martínez contó con agentes de seguridad desde el 14 de enero de 2020, el mismo día en que Giammattei asumió la presidencia y dos semanas antes de ser nombrado director del extinto Centro de Gobierno.

El listado detalla que Martínez disponía de cuatro agentes por turno y que, además, se le asignó un vehículo oficial del Estado como colero, utilizado para trasladar a su equipo de seguridad y brindarle protección permanente las 24 horas del día.

En 2023, una publicación de La Hora reveló que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, bajo el mandato de Giammattei, negó que Martínez contara con seguridad de la SAAS. «Es necesario informar que el señor Martínez no tiene asignados elementos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad», afirmaron entonces. Ahora, los informes dan cuenta que sí le fueron asignados agentes.

Martínez, al igual que Giammattei, está sancionado por EE. UU., aunque en su caso por el Departamento de Justicia bajo la Ley Magnitsky. «Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala», señala la sanción. El MP, bajo la dirección de Porras, no ha vinculado a Martínez al caso de las vacunas en Guatemala.

GIAMMATTEI SUBRAYA BLINDAJE

La querella contra Giammattei fue asignada por Gestión Penal al Juzgado Sexto Penal, bajo la dirección de Carlos Toledo, el mismo juez que, la semana pasada, dictó falta de mérito a favor del exdiputado Jorge García Silva. Toledo justificó su decisión argumentando que García Silva fue investigado mientras gozaba de inmunidad, en un caso en el que, al indagar a otros involucrados, todos los caminos apuntaban al excongresista de haber liderado un desfalco estatal de Q30 millones.

Sin embargo, el juez Toledo se inhibió de conocer el caso y de esa cuenta el proceso de retiro de inmunidad se encuentra en la CSJ. Por su parte, Giammattei se apersonó ante los magistrados de la Suprema a través de sus abogados Abraham Girón y Tanny Paolo Montes, quienes también han defendido al exministro Alejandro Sinibaldi, quien logró el cierre de cinco casos de corrupción.

El abogado Montes acreditó ante la Suprema una fotocopia legalizada del acta de juramentación de Giammattei como diputado del Parlacen. El exmandatario dejó en claro que su investidura le brinda inmunidad. 

Giammattei no es ajeno a enfrentar señalamientos desde el banquillo de los acusados. Entre 2005 y 2007 dirigió el Sistema Penitenciario. Sin embargo, en 2010, esta etapa de su carrera le pasó factura: fue acusado de participar en el asesinato de siete reos en la Granja Penal de Pavón, lo que lo llevó a pasar 10 meses en prisión. El caso le fue cerrado.

La Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Raúl Figueroa, tiene a cargo el caso desde el 9 de diciembre pasado, según el Departamento de Información y Prensa del MP. Esta Fiscalía ya benefició a Giammattei con la desestimación de otras dos denuncias de presunta corrupción y, además de averiguar los hechos de esta, tiene al menos otras nueve por investigar.