Tres jueces están bajo la mira del Ministerio Público (MP) tras emitir resoluciones que favorecieron a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a dos exfiscales que trabajaron con el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo. Los señalados han denunciado una persecución política selectiva, motivada por su oposición a un intento de golpe de Estado durante las elecciones generales de 2023 o por su labor en la lucha contra la corrupción.
El MP, bajo la dirección de María Consuelo Porras, ha solicitado en el pasado el retiro de inmunidad de varios jueces, quienes ahora se encuentran en el exilio tras impartir justicia. La primera en abandonar el país fue la jueza Erika Aifán. Le siguió el juez Miguel Ángel Gálvez, conocido por procesar al expresidente Otto Pérez Molina, y, finalmente, el juez Carlos Ruano, quien denunció a una magistrada por presionarle para liberar a su hijo.
Las juezas Karen Chinchilla y Marjorie Azpuru, junto con el juez Erik García, son los nuevos objetivos del MP. Aunque la fiscal general insistió públicamente en que el ente investigador es «respetuoso de las decisiones judiciales», en los casos en los que la Fiscalía discrepa con las resoluciones, ha establecido un modus operandi de solicitar el retiro de inmunidad de los togados para iniciar investigaciones penales en su contra.
La decisión recae en la recién conformada Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada de conocer los antejuicios y de determinar, en un primer filtro, si se acepta o rechaza el trámite para retirar la inmunidad a los jueces solicitados por la Fiscalía.
KAREN CHINCHILLA
En marzo de 2024, la Fiscalía de Delitos Administrativos, con Edwin Marroquín a la cabeza, interpuso una solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza Chinchilla bajo señalamientos de incurrir en los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad al beneficiar a cuatro magistrados del TSE con arresto domiciliario y no enviarlos a prisión.
Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco fueron despojados de su inmunidad el 30 de noviembre de 2023 por 108 diputados del Congreso de la República, a quienes Estados Unidos días después sancionó por dicha acción que «socavaba la democracia», ante los intentos del MP de impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran el poder.
Luego de eso, los cuatro magistrados fueron ligados a proceso penal por la jueza Chinchilla por presuntas irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del proceso electoral 2023.
En junio pasado, La Hora publicó un reportaje titulado «MP señala a jueza Karen Chinchilla por atender a magistrados del TSE y frustrar su captura». El artículo reveló que las acciones del MP contra la jueza Chinchilla se originaron después de que la Fiscalía intentara detener a los magistrados del TSE. Sin embargo, la presentación espontánea de los magistrados en el juzgado frustró el operativo, lo que desencadenó las acusaciones contra la jueza.
MARJORIE AZPURU
El caso de la jueza Marjorie René Azpuru Villela también está relacionado con una solicitud presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos para retirar su inmunidad y abrir una investigación en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad y por emitir resoluciones violatorias de la Constitución.
La solicitud se originó por una decisión tomada por Azpuru en 2023, cuando era jueza del Juzgado Noveno Penal y otorgó medidas sustitutivas a dos exfiscales del Ministerio Público (MP) que están siendo procesados junto al exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo.
Campo, quien fue fiscal durante 12 años y dirigió la Fiscalía contra la Corrupción entre 2015 y 2018, es conocido por su labor en casos de alto impacto relacionados con desfalcos, fraudes y otros delitos cometidos durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales y del expresidente Alejandro Gimmattei, a quien le atribuye las acciones en su contra tras investigar a sus funcionarios.
ERICK GARCÍA
El caso más reciente en la lista de jueces perseguidos por el MP es el del juez Erick García, quien fue señalado el 14 de enero de 2025. La Fiscalía contra Delitos Administrativos presentó una solicitud de antejuicio en su contra, después de que el juzgador también emitiera una resolución a favor de los cuatro magistrados del TSE, permitiéndoles retornar a sus funciones.
Los magistrados del TSE fueron separados de sus funciones en abril de 2024 por orden de la Sala Primera de Apelaciones. Esta resolución fue tachada de ilegal, ya que la normativa establece que la única causa válida para cesar del cargo a un funcionario público es la prisión preventiva. En este caso, los magistrados contaban con medidas sustitutivas de arresto domiciliario que les había otorgado la jueza Chinchilla.
Por su parte, el MP considera que García podría haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato. La Fiscalía sostiene que, aunque el juez firmó las resoluciones, no es el titular designado para conocer el proceso, lo que podría haber influido en su decisión.
La resolución que permitió el regreso de los magistrados fue dada a conocer un día antes, cuando el TSE nombró al magistrado Gabriel Aguilera como presidente del organismo electoral. De acuerdo con la ley, Aguilera debía asumir la presidencia durante el último año de mandato de los magistrados antes de su salida del cargo.
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