![Boris España La sesión legislativa en la cual fueron desaforados cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizada el 30 de noviembre pasado, fue encabezada por el diputado Boris España, primer vicepresidente del Congreso de la República (al centro), quien ganó la reelección.](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/12/GAMh_lJWoAAAYJe.jpg?w=696&h=0&crop=1)
Como La Hora lo anunció en la nota «Oficial de EE. UU. por TSE: analizamos votos de diputados y sanción a Miguel Martínez», Estados Unidos dio a conocer, por medio de un comunicado emitido este lunes 11 de diciembre, el retiro de visas a más de 100 diputados al Congreso de la República.
En la nota oficial del Departamento de Estado de EE. UU. se detalla que las medidas de restricción fueron impuestas a «cerca de 300 nacionales guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso de Guatemala, así como a representantes del sector privado y a sus familiares por socavar la democracia y el Estado de Derecho».
«Estados Unidos continuará tomando medidas para imponer tales restricciones a cualquier individuo que socave la democracia de Guatemala», afirman.
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OFICIAL DA AVISO
Este Diario reportó el pasado 30 de noviembre que un oficial estadounidense que pidió no ser citado aseguró a La Hora que se analizarían los votos que los diputados realizarían ese día, en el proceso de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y «preveían sanciones al director del extinto Centro de Gobierno, hombre de confianza y pareja del presidente, Miguel Martínez».
Martínez fue sancionado el pasado viernes 1 de diciembre, cuando se anunciaron en su contra medidas contempladas bajo la Ley Global Magnitsky.
CONDENAN ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS
En el comunicado del Departamento de Estado de EE. UU. dijo que «condena enérgicamente las continuas acciones antidemocráticas del Ministerio Público de Guatemala y de otros actores malignos que socavan el Estado de Derecho en Guatemala».
«Más recientemente, el anuncio por parte del Ministerio Público de órdenes de arresto contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su solicitud de retirar la inmunidad al presidente electo Arévalo y sus intentos de anular los resultados electorales constituyen pruebas de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder», afirman.
«Estas acciones son claramente incompatibles con la Carta Democrática Interamericana».
SITUACIONES
Acerca de las situaciones que motivaron las sanciones, se detalló que «estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas».
En palabras de la referida dependencia del gobierno estadounidense, se encuentran:
El levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales.
La persecución política de miembros de la oposición.
La intimidación de manifestantes pacíficos.
Redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan actas de resultados electorales.
La apertura de urnas.
El 30 de noviembre último, se retiró la inmunidad a cuatro de los magistrados del TSE: Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco, como resultado de las recomendaciones de la Comisión Pesquisidora.
Dicha instancia conoció el caso de los magistrados por dudas acerca del proceso de compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
«Las acciones de hoy refuerzan las medidas anteriores del gobierno de Estados Unidos para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala y apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco. El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas», finalizan.
MP PIDE ANULAR ELECCIONES
El pasado viernes 8 de diciembre, en una conferencia de prensa sobre la presentación de avances en el caso «Corrupción Semilla», el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, afirmó con seguridad que los resultados del proceso electoral deberían ser anulados.
Esto luego de que la fiscal Leonor Morales afirmó que las actas 4 y 8 eran «nulas de pleno derecho».
Adicional a esto, Curruchiche indicó que buscarían el retiro de antejuicio del presidente electo, Bernardo Arévalo, por el supuesto de lavado de dinero por US$44 mil dólares.
**Con información de Sergio Morales y Marysabel Aldana.