4 meses de retraso y la excusa tardía: el caso contra Claudia González

El caso de Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y abogada de ex operadores de justicia actualmente exiliados, lleva cuatro meses sumido en la parálisis judicial. La causa, señalada por algunos como una maniobra de persecución política, permanece estancada bajo la supervisión del juez Jimi Bremer y más reciente por la Sala Primera de Apelaciones Penal.

El proceso, impulsado por el Ministerio Público (MP) bajo el mando de María Consuelo Porras, tiene su origen en la labor de González junto con la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En 2017, ambas instancias llevaron ante la justicia a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, tras ser acusada de presionar al juez Carlos Ruano para otorgar arresto domiciliario a su hijo, implicado en un caso de corrupción.

González fue detenida en agosto pasado, medio año después de que Stalling recuperara su puesto en la Corte Suprema tras finalizar su proceso judicial. La captura de la abogada se justificó bajo el señalamiento del delito de abuso de autoridad, argumentando que promovió el retiro de inmunidad de la exmagistrada cuando trabajó en CICIG. Dicho ilícito es aplicable a funcionarios públicos, pero González no lo era.

RETRASO Y MANIOBRA DE LA SALA PRIMERA

El caso contra González está en manos del juez Jimi Bremer, sancionado por Estados Unidos por socavar procesos judiciales y avalar cargos penales con tintes políticos contra periodistas. Bremer ha prohibido el acceso de los medios de comunicación a las audiencias, a pesar de que el expediente no cuenta con reserva judicial, una decisión que ha generado críticas por su falta de transparencia.

González fue enviada a juicio el 18 de febrero de 2023, después de que el juez Bremer retrasara el proceso con una serie de suspensiones de audiencias. Desde entonces, quedó pendiente la celebración de la audiencia de ofrecimiento de prueba, en la que se determinarían los medios probatorios admitidos para el juicio. Sin embargo, estas audiencias también han sido suspendidas en cuatro ocasiones. González optó por recusarlo, usar un recurso legal para apartarlo del caso.

La recusación presentada por González está siendo conocida por la Sala Primera de Apelaciones, encargada de decidir si el juez Bremer continuará al frente del caso o pasará a manos de otro juzgador. Es importante señalar que dos conformaciones de magistrados han pasado por esta Sala. La primera estuvo en funciones desde la detención de González hasta el 13 de octubre pasado, cuando asumieron los actuales magistrados titulares.

La recusación contra el juez Bremer fue presentada el 9 de septiembre de 2024, cuando la Sala estaba integrada por el magistrado presidente Wilber Castellanos Vega y los vocales Marco Tulio Pérez Lemus y Rosa Orellana Arévalo. Pese a la urgencia del asunto, los magistrados programaron la resolución sobre si Bremer continuaría a cargo del caso para el 20 de enero de 2025, un retraso de cuatro meses.

SALA CELEBRÓ 1 AUDIENCIA EN 2 MESES

Ante la demora, la defensa penal de González presentó un memorial el 30 de octubre pasado solicitando que la audiencia se celebrara con mayor prontitud. Sin embargo, la Sala respondió el 4 de noviembre que su agenda estaba saturada y no podían adelantar la audiencia.

No obstante, información obtenida a través de la Ley de Acceso a la Información Pública del Organismo Judicial (OJ) revela una realidad distinta: en septiembre, la Sala celebró 13 audiencias, pero en octubre y noviembre el registro muestra solo una audiencia realizada.

La Sala, conformada por el magistrado presidente Rafael Morales Solares y los vocales Manuel Antonio Aldana Paiz y Elia Raquel Perdomo, tuvo la capacidad de agendar y conocer la audiencia de González en los meses posteriores, pero no lo hizo.

MAGISTRADO SE EXCUSA A ÚLTIMA HORA

Cuatro meses después, el pasado 20 de enero último, González se presentó ante la Sala Primera para conocer la resolución sobre la recusación que podría definir el rumbo de su caso. Sin embargo, 30 minutos antes de la hora programada, el magistrado vocal Manuel Aldana decidió inhibirse de participar en la discusión de la recusación. La audiencia quedó suspendida.

Aldana presentó una excusa argumentando que no podía conocer el caso, ya que en el pasado trabajó como fiscal en la FECI, que dirigió Juan Francisco Sandoval, y trabajó en algunos casos junto con González, en su calidad de mandataria de CICIG. El magistrado tardó tres meses en presentar su excusa, periodo que transcurrió desde su nombramiento en la Sala hasta la decisión de apartarse del caso.

Según informó la Sala, ahora corresponde notificar a las partes para que estas se pronuncien sobre la excusa presentada. En caso de que el magistrado sea apartado, será necesario nombrar un suplente y fijar una nueva fecha para la audiencia, lo que podría prolongar aún más el proceso.

Aldana es uno de los pocos fiscales de la FECI de Sandoval, que no fue perseguido por la administración de Porras. Durante su tiempo en la FECI, estuvo a cargo del caso Caja de Pandora. Sin embargo, Sandoval solicitó su traslado, y Aldana pasó a la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Posteriormente fue ascendido a jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos.