El Consejo de la Unión Europea renovó las sanciones a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, tres funcionarios más de su fiscalía y el juez Fredy Orellana por «socavar la democracia» y el Estado de derecho en Guatemala, tras intentar impedir que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, tomara posesión en enero pasado con una investigación penal.
«La UE ha expresado reiteradamente su preocupación por el continuo mal uso e instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala, en particular los continuos esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2023 y los continuos ataques contra el gobierno elegido democráticamente», subrayaron.
La Unión Europea indicó que «sigue vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho, y está dispuesta a trabajar estrechamente con el Gobierno del Presidente Bernardo Arévalo».
Específicamente, en cuestiones clave de interés mutuo, como «el fortalecimiento del Estado de derecho, la mejora del desarrollo económico sostenible e inclusivo y la promoción de la justicia social en beneficio de la población guatemalteca».
SANCIONES SON UNA «CONSTATACIÓN»
La Hora, en conferencia de prensa del Ejecutivo, preguntó a Arévalo por la renovación de las sanciones contra Porras y sus aliados. «La comunidad internacional ha sido muy clara y muy vocal alrededor de su condena al proceso de captura del Estado y de criminalización a la justicia que hay en Guatemala», respondió el presidente.
«La Unión Europea lo está haciendo ahora, lo ha hecho el gobierno norteamericano. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son clarísimos, es decir, hay un consenso en el mundo de los abusos que se hacen desde las instituciones del Estado que están cooptadas y capturadas», dijo en relación con el MP.
Arévalo enfatizó que las sanciones son «una constatación de la verdad que es evidente para todo el mundo».
OFENSIVA DEL MP
En 2023, Porras fue señalada por Arévalo de orquestar un intento de golpe de Estado en su contra y de tratar de impedir su juramentación en enero pasado. Desde la victoria electoral de Arévalo en agosto de 2023, el MP ha buscado anular los resultados de las elecciones generales y emprender acciones judiciales contra él, la vicepresidenta Karin Herrera, y otros miembros del Movimiento Semilla.
Asimismo, inició investigaciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y emitió órdenes de captura contra magistrados del órgano electoral, generando incertidumbre sobre la legitimidad del proceso electoral.
En octubre, miles de guatemaltecos se manifestaron en las calles exigiendo la renuncia de Porras. No obstante, Porras ha afirmado que continuará en su cargo hasta mayo de 2026, cuando concluye su periodo como fiscal general.
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