Fiscal de FECI amenaza a magistrados del TSE con investigarlos si aceptan apelación que presentó Semilla

La agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), Leonor Eugenia Morales Lazo, envió un oficio al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en donde les advierte que de no confirmar la cuestionada cancelación del partido político Movimiento Semilla, que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia, podrían ser sujetos de una investigación penal.

El pasado 28 de noviembre, la orden del juez Fredy Orellana fue tildada de ilegal por los diputados de Semilla y expertos en derecho constitucional, quienes señalaron al juzgador de incurrir en el delito de resoluciones violatorias a la Constitución, puesto que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es la única normativa que establece la ruta de cancelación de una agrupación.

Pese a ello, el Registro de Ciudadanos acató la orden y ahora una apelación que presentó Semilla debe ser conocida por el Pleno del TSE. De esa cuenta, la fiscal Morales, sancionada por 41 países por intentar romper el orden constitucional en las elecciones generales 2023, envió un oficio presionando a los jueces electorales de ratificar la cancelación.

FISCAL AMENAZA A MAGISTRADOS DEL TSE

El oficio de la fiscal Morales también cuenta con el aval del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, sancionado por EE. UU. en 2022 en la lista de personajes corruptos y antidemocráticos, la Unión Europea y Canadá por el intento de golpe de Estado para evitar que asumiera Arévalo.

Tras un cordial saludo, las líneas del oficio dirigido a los magistrados del TSE explicaron que la cancelación de Semilla se realizó por una orden judicial del juez Orellana y de esa cuenta «devendría completamente impertinente afectar el cumplimiento de dicha orden judicial por medio de un trámite en materia administrativa, ya que esta resolución judicial únicamente puede ser impugnada como lo establece la normal procesal penal», subraya.

Por lo tanto, la fiscal de la FECI advirtió que «cualquier acción que limite, restrinja o impida el cumplimiento de una orden judicial podría constituir un acto punible y será objeto de persecución penal. Es importante recordar que se debe garantizar el respeto al Estado de derecho y la efectividad de las decisiones judiciales».

Asimismo, la fiscal Morales indicó que «cualquier acto que se produzca que vaya encaminado a proteger indebidamente a posibles sindicados, se procederá de conformidad con el artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada». El oficio fue publicado por el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio tras una persecución política del MP, que dirige María Consuelo Porras.

¿Pero qué se cree esta?

Una simple fiscal está amenazando al pleno de magistrados del @TSEGuatemala.

Las arbitrariedades continúan.

La única solución es la salida de la Consuelo Porras, pero no pasa nada. pic.twitter.com/WcWVJwjD6X

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) December 4, 2024

El caso que originó la cancelación y que la FECI llama «Corrupción Semilla» derivó por la denuncia de un ciudadano ante la supuesta falsificación de su firma durante la conformación del partido. A más de un año, han surgido varias líneas de investigación y capturas a miembros de dicha formación, acciones señaladas como persecución política.

«No es competencia del Tribunal Supremo Electoral la revisión, modificación, revocación o adición de resoluciones judiciales dictadas por órgano jurisdiccional en materia penal, por lo que solicito que el actuar del Pleno de Magistrados sea apegado a Derecho y tome en cuenta la responsabilidad en que podría incurrir de no hacerlo de esta manera», destacó la fiscal.

Los jueces que actualmente integran el pleno del TSE son la presidenta, Blanca Alfaro, y cuatro magistrados suplentes, luego de que el MP emprendiera una cruzada contra los otros cuatro magistrados titulares del órgano electoral por la supuesta sobrevaloración de un programa informático. De esa cuenta, fueron procesados y una Sala les prohibió ejercer el cargo, pese a que la Constitución les faculta continuar en sus labores.

FECI Y LA OFENSIVA LATENTE

La ofensiva de la FECI y el juez Orellana se mantiene latente luego de que el pasado 26 de noviembre el Congreso de la República reformara un artículo de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la normativa que ambos utilizaron el año pasado para suspender dicha agrupación.

Pese a que es la LEPP del TSE la que regula la suspensión o cancelación de las agrupaciones políticas, la Fiscalía y el juez Orellana utilizaron la Ley contra el Crimen Organizado para inhabilitarlo. Con la aprobación de la reforma al artículo 82 de dicha ley, la puerta para que el partido oficial recobrara su personería jurídica se había abierto, hasta que el juez Orellana ordenó su cancelación.

Tanto el juez Orellana, la fiscal general, el jefe da la FECI y la agente fiscal, Leonor Morales Lazo, están sancionados internacionalmente tras intentar romper el orden constitucional bajo la narrativa de un supuesto fraude electoral, el cual fue rechazado por la comunidad internacional y condenado como un intento de golpe de Estado para que Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera no asumieran los cargos.

La cancelación se basa en los hechos presentados por la FECI, en donde señala a la agrupación de haber usado datos falsos para su creación, así como el presunto uso de fondos no permitidos para la financiación de la campaña electoral en las pasadas elecciones. Por este caso, la FECI solicitó el retiro de inmunidad del presidente Arévalo para iniciar una investigación en su contra.