El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató la orden del juez penal Fredy Orellana y procedió con la cancelación del partido político Movimiento Semilla, que le dio la victoria al presidente Bernardo Arévalo, y que desde la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral de 2023 se vio perseguido por una cruzada que emprendió el Ministerio Público (MP) y que derivó en un intento de golpe de Estado.
El pasado 28 de noviembre, la orden fue tildada de ilegal por los diputados del partido Semilla, quienes señalaron al juez Orellana de incurrir en delitos como resoluciones violatorias a la Constitución, puesto que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es la única normativa que establece la ruta de cancelación de una agrupación.
De acuerdo con el documento oficial, el Registrador de Ciudadanos, Sergio Escobar Antillón, en horas de la noche atendió la orden del juez Orellana, sancionado por más de 40 países por sus acciones antidemocráticas, y de esa cuenta procedió con la cancelación de Semilla, la agrupación que inició a formarse en 2015 al calor de las protestas anticorrupción.
Fue el jueves último cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó sobre el fallo del juez Orellana que ordenó al TSE proceder con la cancelación del partido político, que desde julio de 2023, en medio de las elecciones generales, fue suspendido con base en la Ley contra la Delincuencia Organizada, una normativa ordinaria que no iguala el rango constitucional de la LEPP.
El caso que originó la cancelación y que la FECI llama «Corrupción Semilla» surgió por la denuncia de un ciudadano ante la supuesta falsificación de su firma durante la conformación del partido. A más de un año, han surgido varias líneas de investigación y capturas a miembros de dicha formación, acciones señaladas como persecución política.
La cancelación se basa en los hechos presentados por el Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, en donde señala a la agrupación de haber usado datos falsos para su creación, así como el presunto uso de fondos no permitidos para la financiación de la campaña electoral en las pasadas elecciones. Por este caso, la FECI solicitó el retiro de inmunidad del presidente Arévalo para iniciar una investigación en su contra.
Sumado a esto, el juez Orellana en la resolución de la cancelación de Semilla se basó en cuatro aceptaciones de cargos de personas vinculadas al caso contra el partido. De acuerdo con el togado, dichas declaraciones fueron pruebas para proceder con la cancelación de la formación.
Tras reforma de ley, juez Fredy Orellana cancela al Movimiento Semilla
ALFARO PASA RESPONSABILIDAD A CORTES
En declaraciones al medio radial Emisoras Unidas, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, confirmó que el Registrador de Ciudadanos le informó que por la noche del jueves 28 de noviembre, acató la orden del juez.
Blanca Alfaro, magistrada presidenta del TSE: «El Registrador de Ciudadanos informó anoche que había acatado la orden. Pero no está firme, porque el partido presentó dos amparos que están pendientes de resolverse y me parece que también hay acciones en la Corte… pic.twitter.com/eNSXCp1VVf
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 29, 2024
Sin embargo, Alfaro indicó que la resolución «no está en firme, porque el partido presentó dos amparos que están pendientes de resolverse y me parece que también hay acciones en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad», dejó en manos de las cortes avalar la cancelación de Semilla.
«Como guatemalteca, y todavía con la esperanza de que el país ha empezado a mejorar, dando pasos de legitimidad jurídica, estoy segura de que la CSJ, una Sala o la CC va a hacer lo correcto y les va a legitimar como organización partidaria», dijo luego de que su Registrador de Ciudadanos acatara una orden señalada de ilegal.
En octubre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió un recurso de cuestión de competencias, en el que decretó que en el ámbito penal los jueces ordinarios tienen la facultad de decretar como medida cautelar la suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas «solo» en caso de posiblemente haber incurrido en ilícitos previstos en la LCDO.
En dicho fallo, la alta Corte indicó que en el ámbito penal únicamente se puede suspender provisionalmente, pero no mencionó la cancelación, según lo regulado en la LEPP.
SEMILLA APELA ANTE EL TSE
Horas más tarde, la bancada Semilla anunció que presentó una apelación en el TSE por la resolución del titular del Registro de Ciudadanos de cancelar el partido político bajo la orden que emitió el juez.
La diputada Andrea Reyes, quien ha ejercido la defensa legal del partido, en conferencia de prensa, resaltó que el «golpista Fredy Orellana ha demostrado una vez más la desesperación de Curruchiche y Consuelo Porras de parar a la bancada oficial».
«En lugar de intimidarnos, Orellana nos está dando herramientas que no dudaremos en usarlas para defendernos», adelantó y destacó que «les molesta que pese al estatus que tenemos como partido (antes suspendido) seguimos logrando cambios importantes para el país y no pueden detenernos».
OFENSIVA SE REACTIVA TRAS REFORMA
La ofensiva de la FECI y el juez Orellana se reactivó luego de que el pasado 26 de noviembre el Congreso de la República reformara un artículo de la Ley contra la Delincuencia Organizada, normativa que ambos utilizaron el año pasado para suspender dicha agrupación.
Pese a que es la LEPP del TSE la que regula la suspensión o cancelación de las agrupaciones políticas, la Fiscalía y el juez Orellana utilizaron la Ley contra el Crimen Organizado para inhabilitarlo. Con la aprobación de la reforma al artículo 82 de dicha ley, la puerta para que el partido oficial recobrara su personería jurídica se había abierto, hasta ayer.
Tanto el juez Orellana, la fiscal general, el jefe da la FECI y la agente fiscal, Leonor Morales Lazo, están sancionados internacionalmente tras intentar romper el orden constitucional bajo la narrativa de un supuesto fraude electoral, el cual fue rechazado por la comunidad internacional y condenado como un intento de golpe de Estado para que Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera no asumieran los cargos.
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