Aunque el Ministerio Público (MP), aseguró que agotaron todas las «vías recursivas» para revertir la decisión de cerrar el proceso penal que la ahora diputada del partido VALOR, Sandra Jovel, enfrentaba tras ser acusada de incurrir en una adopción irregular en 2011, la postura de expertos difiere de ello.
De acuerdo con abogados consultados por La Hora, el ente investigador —que dirige la fiscal general, María Consuelo Porras,— pudo interponer un último amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer a Jovel no quedara en firme. Sin embargo, el MP se abstuvo de accionar y de esa cuenta la congresista ya no está sujeta a un proceso penal.
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— Diario La Hora (@lahoragt) May 29, 2024
ANTECEDENTES
Jovel fue acusada de supuestamente haber adoptado ilegalmente a un menor de edad con la ayuda de una exviceministra y un juez. No obstante, la jueza Silvia de León, entonces a cargo del Juzgado Sexto Penal, determinó que no existían pruebas suficientes para enviarla a juicio y decidió cerrar el caso a su favor.
El MP informó que, desde entonces, la Fiscalía contra la Trata de Personas presentó impugnaciones ante las instancias pertinentes. Sin embargo, en la primera ocasión, tanto la Sala Tercera de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia rechazaron los recursos presentados.
En 2019, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo a la fiscalía, ordenando una revisión de esas resoluciones. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió que la apelación debía ser revisada nuevamente y se emitiera una nueva decisión.
En esta segunda revisión, la Sala Tercera de Apelaciones volvió a negar la impugnación. Ante esta situación, dicha Fiscalía presentó un nuevo recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión, pero los magistrados nuevamente rechazaron el recurso.
El MP aseguró el pasado 9 de mayo que con este último recurso se «agotó toda la vía recursiva concluyendo así en un sobreseimiento», es decir: el cierre del caso contra Jovel. Sin embargo, profesionales del derecho no dan cuenta de dicha afirmación y explicaron a este Diario que podían interponer un último recurso ante la CC.
ÚLTIMO CARTUCHO EN LA CC
El abogado penalista Herbert Pérez, quien ejerció la defensa de los exjueces Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, explicó que, «la misma actitud que tomó Sandra Jovel en contra de la resolución, interponiendo un amparo, es lo que le correspondía hacer al Ministerio Público».
«La cámara Penal resolvió sin lugar la casación, es cierto que se agota la vía recursiva ordinaria y extraordinaria con la casación, pero acá es donde que había que presentar el amparo», señaló el abogado, que forma parte de la defensa de la exfiscal Virginia Laparra.
Para Pérez está claro que el MP debía interponer dicha acción «en contra de la resolución que negó la casación» ante la más alta corte del país para intentar revertir que el caso fuera cerrado en etapa intermedia.
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Rendición de Cuentas
Para el profesional del derecho, Javier Urizar, coincidió con Pérez. Si bien considera que se agotó la vía recursiva penal, también refirió que «era posible interponer un amparo en contra de la casación que fue declarada sin lugar, como se hizo en 2018».
«Un sobreseimiento en un caso como este deniega el acceso a la justicia la niñez que sufrió de trata, y el MP debía agotar todos los medios posibles para evitar que esto ocurriera», apeló el abogado especializado en derechos humanos.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, señaló que «lo único que podría revivir el tema mediante un amparo es que la Cámara Penal, al emitir la última casación no haya incurrido en otros agravios, diferentes a los que ya se hayan discutido en la primera ruta de impugnaciones ya agotada».
EL CASO
El suceso se remonta al año 2011, cuando un recién nacido el 21 de julio fue abandonado por sus progenitores.
La Procuraduría General de la Nación intervino tres días más tarde, rescatando al bebé y presentándolo ante un juez para su adopción.
Las averiguaciones del ente investigador revelan que Dominga Ordóñez y Jovel conspiraron para que el juez concediera la custodia del bebé a la exfuncionaria, «como una forma de familia sustituta, evadiendo los procedimientos requeridos», dado que Ordóñez tenía vínculos familiares con el juez que aprobó la adopción.
Cámara Penal de Baquiax confirmó cierre del caso por adopción irregular contra Sandra Jovel
