El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Volker Türk, presentó este viernes 1 de marzo un informe sobre la situación en Guatemala, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y destacó un aumento significativo de ataques y represalias contra operadores de justicia guatemaltecos, quienes investigaron casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el informe, en 2023, registraron 71 casos, «lo que supone un aumento del 69% en comparación con el año anterior», refirió el abogado austriaco y animó al Estado de Guatemala a tomar «medidas urgentes para garantizar la seguridad de los operadores de justicia».
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Türk también recordó a los operadores de justicia que hoy se encuentran en el exilio derivado de una persecución política a manos del Ministerio Público (MP) de la controvertida Fiscal General, María Consuelo Porras. «Deben crearse igualmente las condiciones que permitan el regreso de quienes han abandonado el país temiendo por su seguridad», sostuvo.
El informe se presentó de conformidad con el acuerdo vigente entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Guatemala. Este se basa en información recopilada y analizada por dicha Oficina con sede en el país centroamericano, incluyendo datos proporcionados por instituciones estatales y otros actores.
📣#Guatemala | El Alto Comisionado @volker_turk presentó hoy ante el @UN_HRC su Informe sobre la situación de los #DerechosHumanos en 🇬🇹 durante 2023.
📌Mira la presentación y conoce el Informe en este enlace: https://t.co/9SlC9nMYO8#InformeDDHH2023 pic.twitter.com/e7ZsCVflai
— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 1, 2024
INCREMENTO DE ATAQUES
El ACNUDH registró 217 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo periodistas y funcionarios de justicia. Los ataques registrados, según el informe, consistieron en asesinatos, amenazas, difamación, censura y criminalización.
«El Ministerio Público y el Organismo Judicial tomaron medidas arbitrarias y no fundamentadas, como represalias, contra integrantes de la judicatura, fiscales y abogadas y abogados que han conocido casos emblemáticos de corrupción o violaciones a los derechos humanos que continuaron siendo motivo de grave preocupación», explica el informe.
Dicha oficina recibió información sobre represalias contra 55 funcionarios del sistema de justicia (29 mujeres y 26 hombres), y 11 abogados y cinco abogadas, lo cual, según los registros, representa un incremento del 69% comparado con 2022.
«De esas 71 personas, 21 continuaron sufriendo represalias que se iniciaron en 2022 y 50 nuevas personas fueron atacadas en 2023», refiere el ACNUDH.
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CASOS PARTICULARES
El informe hace mención de casos en particular sobre ex operadores de justicia. Entre ellos, el caso contra la abogada y exmandataria de la extinta Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, del cual refirieron varias violaciones del debido proceso y de derechos humanos.
De acuerdo con la Oficina, su detención se debe «en represalia por parte de integrantes del Ministerio Público y del Organismo Judicial, por sus funciones en la CICIG». También recordaron los casos contra la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra.
«El ACNUDH considera que este es un caso de criminalización y el proceso penal no ha cumplido con las garantías del debido proceso. Por tanto, debería ser liberada incondicionalmente», refirió sobre Laparra, quien fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional (AI).
En el caso del exjuez Carlos Ruano, quien se exilió en Washington, Estados Unidos, luego de que se iniciara una solicitud de retiro de inmunidad en su contra, indicaron que «no recibió protección a pesar de interponer los recursos correspondientes».
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