La empresa Datasys S. A., el proveedor del sistema informático utilizado para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las recientes elecciones generales, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revocar el embargo que el Ministerio Público (MP) logró en contra de las cuentas de dicha entidad.
A través del abogado David Pineda, la empresa Datasys S. A. presentó un amparo ante la Cámara de Amparo y Antejuicios para que revoque la decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que ordenó el embargo de cuentas y la detención del pago de más de Q40 millones por la compra del TREP.
Los abogados de la entidad indicaron que 2 horas antes de que los magistrados comenzaran la audiencia en la que beneficiaron a la Fiscalía, fueron notificados de que debían acudir a la diligencia.
BUSCAN REVOCAR EMBARGO
Pese a que el juez Marco Antonio Villeda, a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, se opuso a embargar las cuentas de la referida empresa, el MP apeló su decisión y de esa forma consiguió que la Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptara las medidas precautorias en contra de Datasys, S. A.
En palabras del profesional del derecho, no se descarta una «aniquilación» de la empresa por parte de la Sala y el MP para tener congeladas las cuentas y no permitir sus funciones. «La resolución tiene dos vías. Retener el restante por el negocio del TREP y embargar cuentas», explicó a la prensa.
«Ellos están atacando cuentas y bienes de lo que puede ser objeto de una extinción de dominio. La orden es totalmente ilegal y no entendemos cómo la Sala pudo revertir el fallo del juez de Extinción de Dominio», subrayó Pineda junto a otros dos juristas que le acompañaron a interponer el recurso legal.
Por último, el abogado destacó que ven esta acción de la Sala como «un atentado contra la propiedad privada y el debido proceso» y refirió que de esa cuenta esperan que la CSJ ponga «un alto».
SOBRE EL PROCESO
Los magistrados del TSE Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera salieron del país luego de que el Congreso les quitara la inmunidad a solicitud del MP, quien los señala de haber incurrido en ilegalidades en la compra de dicho sistema informático utilizado en las elecciones pasadas.
La denuncia contra los magistrados del TSE se centra en los cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, según las solicitudes de antejuicio formuladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos.
TRES MAGISTRADOS CUESTIONADOS
El MP consiguió el fallo en una segunda instancia. El juez presidente de dicha Sala es Harold Estuardo Ortiz Pérez, quien en enero de 2021, en audiencia del caso Comisiones Paralelas 2020, fue señalado por el órgano encargado de la persecución penal en un fotograma de reunirse con el empresario Gustavo Alejos.
Por otra parte, el magistrado Vocal I, Miguel Enrique Catalán Orellana, es investigado por el MP luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara lo conducente contra él y dos de sus colegas de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo “ante la posible responsabilidad en que pudieron haber incurrido” al beneficiar al partido político Prosperidad Ciudadana (PC) con la reactivación de sus candidaturas a diputaciones y alcaldías en el último proceso electoral.
En tanto, la magistrada Vocal II, Eva Marina Recinos Sosa, benefició a Sandra Torres en enero de 2020, cuando le otorgó arresto domiciliario a la exprimera dama. También permitió que a la fecha la exvicepresidenta Roxana Baldetti salga de prisión por cuatro días a la semana para recibir tratamientos médicos desde su casa sin horario estipulado.
En tendencia:
