El pasado lunes 29 de enero, el Ministerio Público (MP) logró embargar las cuentas de Datasys, S. A., el proveedor del sistema informático utilizado para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por medio de tres magistrados cuestionados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio.
Pese a que el juez Marco Antonio Villeda, a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, se opuso a embargar las cuentas de la referida empresa, el MP apeló su decisión y consiguió que la Sala Segunda de Extinción de Dominio aceptara las medidas precautorias en contra de Datasys, S. A.
De esa cuenta, los togados ordenaron el embargo de cuentas y la detención del pago de más de Q40 millones por la compra del TREP. Los abogados de la empresa fueron notificados dos horas antes de que los magistrados comenzaran la audiencia en la que beneficiaron a la Fiscalía.
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La Hora contactó a uno de los abogados de la empresa y refirió que no comparten el criterio de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, por lo que interpondrán un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir el último fallo. «Esto afecta a la empresa porque paraliza sus movimientos, se podría decir que buscan ahogarla», dijo.
MAGISTRADOS CUESTIONADOS
El MP consiguió el fallo en una segunda instancia. El juez presidente de dicha Sala es Harold Estuardo Ortiz Pérez y en enero de 2021, en audiencia del caso Comisiones Paralelas 2020, fue señalado por el órgano encargado de la persecución penal en un fotograma de reunirse con el empresario Gustavo Alejos.
Por este caso se procesó a Alejos como el autor intelectual de una estructura que habría buscado amañar el proceso de designación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones para el período 2019-2024.
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Asimismo, Ortiz Pérez integró la Sala que permitió a la excandidata a la presidencia, Sandra Torres participar en actividades políticas, reunirse con miembros del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y movilizarse en el territorio nacional, esto cuando se encontraba ligada a proceso por recibir supuesto financiamiento ilícito para sus campañas.
Por otra parte, el magistrado Vocal I, Miguel Enrique Catalán Orellana, es investigado por el MP luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara lo conducente contra él y dos de sus colegas de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo “ante la posible responsabilidad en que pudieron haber incurrido” al beneficiar al partido político Prosperidad Ciudadana (PC) con la reactivación de sus candidaturas a diputaciones y alcaldías en el último proceso electoral.
El magistrado fue uno de los que confirmó la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac).
En tanto, la magistrada Vocal II, Eva Marina Recinos Sosa, benefició a Sandra Torres en enero de 2020, cuando le otorgó arresto domiciliario a la exprimera dama. También permitió que a la fecha la exvicepresidenta Roxana Baldetti salga de prisión por cuatro días a la semana para recibir tratamientos médicos desde su casa sin horario estipulado.
La juzgadora, en su última resolución por el caso Cooptación del Estado, en audiencia de etapa intermedia, celebrada en noviembre, envió a juicio a cuatro personas de 30 acusadas de pertenecer al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti por el pago de supuestas comisiones ilícitas, derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones del Estado.
SOBRE EL PROCESO
Los magistrados del TSE Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera salieron del país luego de que el Congreso les quitara la inmunidad a solicitud del MP, quien los señala de haber incurrido en ilegalidades en la compra de dicho sistema informático utilizado en las elecciones pasadas.
La denuncia contra los magistrados del TSE se centra en los cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, según las solicitudes de antejuicio formuladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos.
