La ofensiva de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) a los resultados de las elecciones generales 2023 y al cambio de mando continúa, y el jefe de esa unidad, Rafael Curruchiche, se opuso a una resolución que le ordena velar porque se garantice el cambio de mando. Un grupo de abogados y ciudadanos que fueron amparados con ese fin, señaló que la inconformidad del fiscal es una «interpretación errónea» tanto de la acción legal, como del fallo judicial.
El Juzgado Noveno de Instancia Penal, constituido en Tribunal de Amparo, confirmó en sentencia, el 15 de diciembre del año pasado, un amparo que fue otorgado a un grupo de abogados y ciudadanos que pidieron garantizar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el poder el próximo domingo 14 de enero, esto ante la amenaza de un Golpe de Estado.
Por medio de un recurso de apelación que fue planteada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el jefe de la FECI busca que quede sin efecto la decisión del Juzgado Noveno Penal, en la cual se apercibió al fiscal, entre otros, a efectuar las acciones necesarias para garantizar el cambio de mando, a consecuencia de imponerle una multa en caso de incumplimiento, además de las responsabilidades civiles y penales en que incurra.
Curruchiche, sancionado por Estados Unidos, salió en defensa del MP y aseguró que las investigaciones desarrolladas por este ente «no representan una amenaza cierta e inminente al rompimiento constitucional», según consta en la impugnación que fue presentada en contra de fallo del Juzgado Noveno, y, en contraparte, el grupo de 10 abogados y ciudadanos señalan una «interpretación errónea y de mala fe» por parte del fiscal.
«INTERPRETACIÓN ERRÓNEA Y DE MALA FE»
El amparo solicitado por los abogados y ciudadanos, que busca proteger el orden democrático del país, fue interpuesto ante la CC y el 6 de octubre de 2023. La más alta corte guatemalteca otorgó de forma provisional la petición, con el fin de que se garantice y preserve el régimen democrático del Estado y se lleve a cabo la renovación del poder Legislativo, Ejecutivo y municipal.
Tras ese paso, el máximo tribunal en materia constitucional remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y esta lo trasladó al Juzgado Noveno Penal, para que se dictara la sentencia correspondiente.
De esa cuenta, el amparo planteado en contra del ente investigador, que dirige la Fiscal Genera, María Consuelo Porras, siguió su curso en la referida judicatura, que el 15 de diciembre del año pasado también falló a favor del grupo de juristas y civiles.
Ante eso, el MP manifestó su inconformidad con lo señalado por el Juzgado, y por ello Curruchiche presentó apeló la decisión en su calidad de jefe de la FECI.
Además, alegó por los demás fiscales y fiscales auxiliares de esa Fiscalía, quienes serían multados con Q4 mil si no «velan en su función de hacer cumplir las leyes y velar por la plena vigencia y efectividad del principio de alternabilidad en el ejercicio del poder».
De esa cuenta, el grupo de abogados y ciudadanos respondió a la CC que con la impugnación de Curruchiche al fallo del Juzgado Noveno, «el fiscal del Ministerio Público, como en ocasiones anteriores, realiza una grave acusación al sugerir que la acción interpuesta podría constituir un actuar coordinado y estructurado, en unidad de argumentos y objetivo de obstaculizar las investigaciones que efectúa el Ministerio Público». (sic)
📌Tras publicación de La Hora y fracaso en convocatorias, Shirley R. cierra la puerta al plan
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— Diario La Hora (@lahoragt) January 5, 2024
Asimismo, los amparistas rechazaron «enfáticamente esta insinuación y lamentan que el ente del Estado, al cual la Constitución y la ley exigen explícitamente regirse con profesionalismo, imparcialidad y buena fe, realice de forma tan ligera acusaciones tan graves y sin fundamento».
En este sentido, reiteraron que «no pretenden obstruir el ejercicio de las funciones de investigación del Ministerio Público» y reconocieron que es su «facultad y obligación investigar la posible comisión de hechos delictivos y averiguar la verdad sobre estos».
Sin embargo, remarcaron en que dicha facultad «debe ejercerse dentro del marco legal y bajo los estándares del principio de proporcionalidad, lo cual, como ya se ha evidenciado en escritos anteriores y se reiterará en este memorial, no ha ocurrido en el presente caso».
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MP INSISTE EN INVESTIGACIÓN
La crisis democrática que azota a Guatemala rebasó las fronteras, y la comunidad internacional junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA) han señalado las acciones del MP como un intento de Golpe de Estado.
Sin embargo, el ente investigador insiste en la tesis de que hubo un supuesto «fraude electoral», mientras que organizaciones internacionales sostienen que los comicios fueron realizados con normalidad.
Los arguementos de Currruhiche en la apelación refieren que el grupo de abogados y ciudadanos «no puntualizan, desarrollan ni sustentan en forma razonable, de acuerdo al correcto entendimiento humano, que las diligencias de investigación que efectúa la FECI constituyan alguna amenaza cierta e inminente a alguno de sus derechos».
El fiscal apuntó a que las «publicaciones de redes sociales no atribuyen a las acciones ejecutadas por la FECI», que, según el funcionario, tiene fines «objetivos».
«Las diligencias de investigación que realiza el Ministerio Público, se producen sobre hechos que podrían ser constitutivos de delitos y por lo tanto, son útiles y pertinentes para alcanzar los fines del proceso, porque mi actuar como Fiscal Especial del Ministerio Público, ha sido de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala», excusó Curruchiche ante los señalamientos de alterar el orden democrático.
Las diligencias de la FECI contra el proceso electoral iniciaron el 12 de julio de 2023, cuando el MP anunció que el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, suspendió de forma provisional la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, con el que Arévalo alcanzó la Presidencia para el período 2024-2028, y pretendía que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejara fuera de las elecciones generales al ahora presidente electo.
Sobre Arévalo, su compañera de formula, Karin Herrera, e integrantes de la agrupación política pesa un ramillete de casos judiciales que el MP ha interpuesto en menos de tres meses, que, según el presidente electo, tiene como fin encarcelarlos para no llegar a ejercer el poder.
GOLPE DE ESTADO
El 8 de diciembre del año pasado, en rueda de prensa, la FECI declaró como “nulas de pleno derecho” las elecciones generales 2023, cuyos resultados dieron como ganador de la silla presidencial a Arévalo, quien fue impulsado por el suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla, esto por supuestas anomalías en las actas electorales.
La acción no pasó desparecibida y fue condenada por distintos países como un nuevo intento de entorpecer el cambio de mando, establecido para el próximo domingo 14 de enero por la Constitución Política de la República de Guatemala.
El MP dio a conocer anomalías en el registro de financiamiento electoral de Semilla, como también en el proceso de adhesión de simpatizantes.
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