El expresidente Otto Pérez Molina abandonó la cárcel ubicada en Brigada Militar Mariscal Zavala durante la noche del pasado miércoles 3 de enero, luego de que el Organismo Judicial (OJ) aceptó la hipoteca de bienes inmuebles que ofreció para llegar al monto de Q10.3 millones que sumaban las dos cauciones económicas que le fueron impuestas en los dos procesos por los cuales fue procesado.
En diciembre de 2022, Pérez Molina fue hallado culpable y condenado a 8 años de prisión por enriquecerse durante su mandato, por medio de una red dedicada al cobro de comisiones ilegales, a cambio de disminuir el pago de aranceles por la importación de productos.
Varios años después se declaró culpable de los cargos que le fueron imputados dentro del segundo expediente, denominado Cooptación del Estado.
El expresidente permaneció privado de libertad desde septiembre de 2015. Luego de varios meses de protestas ciudadanas que exigían su renuncia, Pérez Molina, este dejó su cargo en la silla presidencial y se entregó a la justicia por el caso «La Línea», por el cual también fue condenada la exvicepresidenta Roxana Baldetti y funcionarios del gobierno del extinto Partido Patriota (PP).
CAUCIONES ECONÓMICAS
En agosto de 2023, la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, aprobó la modificación de la medida de coerción del exmandatario dentro del caso de supuesta corrupción en el otorgamiento de la concesión de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la empresa de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
De esa cuenta, la juzgadora consideró darle el beneficio al expresidente, quien de manera previa a salir de prisión tenía que cancelar Q300 mil, además de cumplir con otras condiciones.
Además, el expresidente fue condenado en diciembre de 2022 por el Tribunal de Mayor Riesgo B a cumplir una pena de 16 años de prisión por el caso La Línea. Sin embargo, el fallo no está en firme, por lo cual su defensa impulsó el cumplimiento de una medida sustitutiva que con anterioridad se le había fijado, para esperar la confirmación de la sentencia fuera de prisión.
Antes de que se dictara el veredicto, al exgobernante se le concedió una caución económica de Q10 millones como parte de varias medidas sustitutivas dentro del referido proceso.
Sin embargo, su defensa afirmó que Pérez Molina no tenía esa cantidad de dinero, debido a que sus cuentas bancarias permanecen embargadas. Por ello, se pusieron a disposición dos propiedades inmuebles con las cuales se justificó el monto.
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CASOS
Pérez Molina y Baldetti fueron condenados a 16 años de prisión inconmutable, cada uno, por lavado de dinero y complicidad para cometer cohecho pasivo. Además, se les impuso el pago de una multa de Q8 millones y un resarcimiento al Estado.
Se estableció la existencia de una estructura de defraudación aduanera que hacía contacto con importadores, a quienes les ofrecía la reducción del pago de aranceles. Este beneficio se concedía tras la entrega de soborno o comisiones ilegales.
En tanto, por la investigación del caso TCQ, que fue revelada en 2016, se estableció que entre enero de 2012 y abril de 2015 se habría formado un grupo criminal, con roles definidos, para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A.
Según la pesquisa, se habría negociado ceder a esa entidad parte del terreno de la EPQ, en el cual se construiría, desarrollaría y operaría la referida terminal de contenedores privada.
