El Tribunal Octavo de Sentencia Penal concedió este miércoles 3 de enero la libertad a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, por orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de permanecer casi dos años privada de libertad en el centro preventivo Mariscal Zavala, ubicado en la ciudad capital.
Los procesos en contra de Laparra son tildados de una persecución política en contra de la exfuncionaria por investigar casos de presunta corrupción que salpicó a diversos personajes de la política, militares y otros. La exfiscal fue detenida en febrero de 2022 por el delito de abuso de autoridad y fue condenada en diciembre de ese mismo año en un juicio sin garantías, según su defensa.
#LHVídeo | La exjefa de la FECI, Virginia Laparra, agradeció a todas las personas que le manifestaron muestras de apoyo y aseguró que esta es la noche más larga a esperar su egreso del centro de detención Mariscal Zavala.
🎥: José Orozco/LH
✍️: Diego España/LH pic.twitter.com/2M6tSYfMj5— Diario La Hora (@lahoragt) January 3, 2024
REQUISITO
La juez Oly González acató la orden que la Cámara Penal resolvió el pasado 26 de diciembre de la Cámara Penal en un plazo de cinco días; sin embargo, fue hasta el último martes 2 de enero que dicho Tribunal corrió audiencia a la exfiscal anticorrupción.
La resolución de dicha Cámara contaba con un requisito. Que cesara el encarcelamiento de Laparra toda vez no contara con prisión preventiva en cualquier otro proceso abierto. En ese sentido, la juzgadora indicó que la exfiscal cuenta con un segundo caso que se dilucida en Quetzaltenango, pero que el Organismo Judicial (OJ) avaló que no está privada de libertad.
En junio de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que su detención era arbitraria, según el derecho internacional, y exigió su liberación inmediata. Sin embargo, el Estado de Guatemala no se pronunció sobre ese extremo. De igual forma, Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia.
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LIBERTAD
Por su parte, Laparra dijo a la jueza que a la fecha sumaba 680 días privada de libertad y pidió que se le otorgara una serie de medidas sustitutivas, entre ellas que no se le fijara una fianza derivado de las perdidas económicas por permanecer en el centro Mariscal Zavala.
En tanto, la fiscal Brenda Maribel Guzmán Anavisca del MP pidió que a Laparra se le impusiera el pago de Q15 mil, control telemático y la prohibición de salir del país ante «un peligro de fuga» que no supo justificar ante la jueza González.
De esa cuenta, la juzgadora realizó un análisis y procedió a conceder la libertad a Laparra y fijó las siguientes medidas: arresto domiciliario en la ciudad de Quetzaltenango, lugar donde residía. Además, presentarse al MP cada 15 días de esa localidad y la prohibición de salir del país.
En la diligencia estuvo presente el equipo legal de Laparra, conformado por: Wendy López, Cristina Alonzo y Herbert Pérez, quienes han defendido a operadores de justicia perseguidos por el Ministerio Público (MP) de la Fiscal General, María Consuelo Porras, algunos de ellos se encuentran en el exilio.
La jurista Claudia González, quien lideró la defensa de Laparra desde el inicio del caso, también se hizo presente a la audiencia. La profesional del derecho fue detenida a finales del año pasado por una denuncia de la exmagistrada de la CSJ, Blanca Stalling, y el caso causó rechazó internacional. González recobró su libertad, pero continúa sujeta a proceso.
EL CASO
La ofensiva del MP de Porras echó a andar una persecución penal en contra de Laparra, luego de que la exfiscal denunciara a Lesther Castellanos, cuando se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, por supuestas irregularidades en la gestión de un caso.
Durante el juicio, Castellanos señaló que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada, al considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad fiscal.
De esa cuenta, en diciembre de 2022 la jueza González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. La sentencia fue señalada de forma nacional e internacional como un debate «sin fundamento legal» y generó rechazo al sistema de justicia guatemalteco.
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En enero de 2023, cuando se realizaba una audiencia de la revisión de la medida sustitutiva, Laparra fue vinculada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial de un caso, este expediente se tramita en el referido departamento donde laboró como fiscal.
Las acciones de Castellanos contra Laparra le valieron una sanción por el Departamento de Estado de Estados Unidos al incluirlo en la Lista Engel, que reúne a supuestos «actores corruptos y antidemocráticos». Al juez que envió a juicio a Laparra, Fredy Orellana, y el fiscal, Noé Rivera, también los alcanzó dicha sanción.
