El Ministerio Público (MP), que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, se encamina a un escenario de soledad tras el último intento por entorpecer el cambio de mando, que el próximo 14 de enero de 2024 llevaría a Bernardo Arévalo a la silla presidencial.
Por su parte, distintos sectores de la sociedad guatemalteca se unen para manifestar las acciones que realiza la Fiscalía, y suman pronunciamientos con los cuales aceptan a Arévalo y Karin Herrera como el binomio presidencial electo.
Pese a que el órgano encargado de la persecución penal contó con el apoyo de un grupo de personas y de cuentas de Netcenter, este se reduce cada vez más.
De forma paralela, Estados Unidos emite sanciones en contra de personas que considera habrían vulnerado la democracia, así como los derechos humanos, y la Unión Europea advierte actuar de la misma manera en contra de funcionarios y personas antidemocráticas.
PRONUNCIAMIENTOS EN CONTRA
Desde que inició la embestida en contra de los comicios y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cientos de pronunciamientos se han emitido a lo interno y externo del país, con los cuales se insta al MP a deponer sus acciones antidemocráticas.
Estas fueron más contundentes a partir del pasado viernes 8 de diciembre, cuando la Fiscalía dio a conocer los avances de la investigación en contra del suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla, de las votaciones y del órgano electoral, como consta en la nota de La Hora «Voces internacionales se pronuncian por pedido de MP de anular elecciones 2023».
MP RUMBO A LA SOLEDAD
Arévalo lleva meses acusando al MP y a su jefa de supuestamente llevar a cabo acciones con las cuales se buscaría dar un “golpe de Estado”, con el objetivo de que no asuma el mando.
Lo advertido quedó expuesto el pasado viernes 8 de diciembre, después de que el MP dio a conocer los avances en la investigación que realiza en contra del suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla y de las elecciones 2023, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los detalles del caso fueron dados a conocer en una rueda de prensa, en la cual la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sostuvo la hipótesis de que en los comicios se habría desarrollado un supuesto fraude electoral.
La comunidad internacional ha seguido con recelo las acciones con las cuales el MP judicializó el proceso electoral.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en noviembre pasado, aseguró que no hubo fraude, y externó su preocupación por las acciones de la FECI en contra del proceso electoral.
Arévalo señaló como responsables de este plan a Porras y al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; a la fiscal regional Cinthia Monterroso, y al juez Fredy Orellana, quien suspendió de forma temporal a Semilla, extremo que se dio a conocer el pasado 12 de julio.
Ese hecho generó una controversia, derivado de que esta es una facultad que le corresponde de forma única al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según expertos en materia constitucional.
Las manifestaciones ciudadanas han permanecido desde ese momento, y en octubre incrementaron con el reclamo de que Porras dimitiera al cargo de Fiscal General por el secuestro de las actas electorales 4 y 8 originales de la votación del 25 de junio. Desde entonces, el clamor popular ha sido liderado por las autoridades indígenas.
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APOYO DEBILITADO
El apoyo al MP se ha visto debilitado y un grupo de personajes asegura que sí hubo fraude electoral, acompañado de la narrativa de la instauración de un supuesto “comunismo” con la llegada de Arévalo al poder.
Voces que señalan dicho escenario son Ricardo Méndez-Ruiz y Raúl Falla, presidente y abogado de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), respectivamente. Ambos son señalados de perseguir a opositores del Gobierno de Alejandro Giammattei.
Méndez-Ruiz y Falla fueron sancionados por Estados Unidos en 2021, bajo la Lista Engel que agrupa a supuestos «actores corruptos y antidemocráticos». Desde sus redes sociales, anunciaron las acciones que el MP develó el 8 de diciembre último, y le refirieron a Arévalo que su único destino es ser «preso o prófugo».
Los abogados Giovanni Fratti y Karen Fischer son dos personajes clave en la situación. El primero es el denunciante del supuesto fraude que escudó a la Fiscalía para abrir las cajas electorales y por quien se iniciaron gestiones en contra de los magistrados del TSE, que finalmente perdieron su derecho de antejuicio para ser investigados por supuestas irregularidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP).
Tras ser desaforados, los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera salieron del territorio guatemalteco, ante la posibilidad de que el MP pida a un juez que se giren órdenes de captura en su contra.
A estas voces se suman Tilly Bickford, Betty Marroquín, Amanda Santizo y un grupo de cuentas de Netcenter en la red social X (antes Twitter) que se encargan de difundir mensajes con el propósito de influir en la opinión pública por medio de la desinformación, señaló el informe de la MOE-UE.
SANCIONES CONTINÚAN
El pasado viernes 1 de diciembre, el ex director del extinto Centro de Gobierno, hombre de confianza y pareja del presidente Giammattei, Miguel Martínez, fue sancionado bajo o estipulado por la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos.
Según una nota de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU., la razón de la medida tendría relación a que se presume que recibió sobornos millonarios en la compra de las vacunas rusas Sputnik V, para combatir el COVID-19, entre otros hechos, cuando ya no se ejercía ninguna función pública.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., afirmó que la sanción también se relaciona con su supuesta participación en hechos para evitar que Arévalo asuma el poder.
La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, también fue sancionada con el retiro de su visa estadounidense; sin embargo, en su caso se desconoce el motivo que causó la medida. La dignataria asegura que ninguna entidad de EE. UU. le ha indicado tal extremo.
El pasado 8 de diciembre, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles, afirmó que «la UE condena los intentos de anular las elecciones en Guatemala, basados en acusaciones espurias de fraude: un intento de golpe de Estado que afectará a las relaciones UE-Guatemala».
Thomas Peyker, embajador de la Unión Europea en Guatemala, también manifestó que las sanciones selectivas contra los principales actores que socavan el proceso electoral y la democracia están en marcha y estas serían «prohibición de visados y congelación de activos».
