La recién instalada Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) programó una audiencia para la siguiente semana, para conocer una solicitud de la defensa de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, para revisar la situación de la señalada, quien permanece en prisión preventiva, con el objetivo de que se le conceda una medida sustitutiva. Esto ocurrió después de cinco meses de que se presentó la petición.
Según la defensa de Laparra, dicha Cámara programó la revisión de la medida de coerción para el próximo lunes 27 de noviembre, a las 10:00 horas. Se detalló que se pedirá que se le otorgue arresto domiciliario mientras causa firmeza la sentencia condenatoria que le fue impuesta.
De concederse la medida sustitutiva, la exfiscal podría recuperar su libertad después de casi dos años de permanecer privada de libertad en la Brigada Militar Mariscal Zavala, esto en medio de señalamientos internacionales que indican que la profesional del derecho fue detenida de forma arbitraria y que el proceso penal en su contra busca una venganza en su contra, por el trabajo anticorrupción que desarrolló.
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NUEVA CÁMARA PENAL CONOCERÁ
La Cámara Penal que no entró a conocer la solicitud de Laparra estuvo liderada por Josué Felipe Baquiax y los ahora exmagistrados vocales Delia Dávila y José Antonio Pineda Barales, quienes entregaron el cargo hace una semana, luego de que el Congreso de la República eligiera nuevos magistrados de la CSJ.
Claudia González, abogada de Laparra y quien también fue detenida hace dos meses, indicó que el exmagistrado Baquiax, de forma unilateral y sin la opinión de Dávila y Pineda Barales, rechazó la solicitud de revisión de la medida de coerción de la exfuncionaria en junio último.
“La Corte Suprema de Justicia no quiere examinar la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), que concluye que la detención de Laparra ha sido contraria al derecho internacional y que no existen motivos razonables para que permanezca en prisión”, señaló González en esa ocasión.
PROCESO DE LAPARRA
El Ministerio Público (MP) dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, inició una persecución penal en contra de Laparra, luego de que la exfiscal denunciara a Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y ahora presidente del Mecanismo contra la Tortura en Guatemala, por supuestas irregularidades en la gestión de un caso.
Castellanos explicó durante el juicio que se desarrolló en contra de Laparra, que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad, por considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad fiscal.
De esa cuenta, en diciembre de 2022 la jueza Oly González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. Sentencia fue señalada de forma nacional e internacional como «sin fundamento legal».
El pasado 4 de enero, Laparra fue ligada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial de un caso, cuando fungía como titular de la FECI en Quetzaltenango.
La denuncia también fue interpuesta por Castellanos, y por ese caso le fue concedida una medida sustitutiva consistente en arresto domiciliario.
El presidente del Mecanismo contra la Tortura en Guatemala fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos al incluirlo en la Lista Engel, que reúne a supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» de Guatemala, El Salvador y Honduras.
