Este martes 21 de noviembre, inició la audiencia de primera declaración en contra de seis detenidos por «Caso toma de la Usac: Botín Político», a cargo del juez décimo penal, Víctor Cruz. Sin embargo, no se permitió el ingreso a periodistas ni miembros de organizaciones de sociedad civil a quiénes se le restringió ingresar a dicha diligencia.
El juez Décimo Penal A, Víctor Cruz, inició la audiencia de primera declaración en contra de seis detenidos por la presunta toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac).
La audiencia tomó lugar cinco días después que el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron 27 órdenes de captura y 31 allanamientos, acciones en las cuales se logró la detención de cinco señalados. Uno más se sumó con posterioridad.
SIN PRENSA
Personal del Juzgado Décimo Penal refirió a los medios de comunicación que el ingreso a la prensa e instituciones no estaba admitido por el juez Cruz, quien fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos al incluirlo en la Lista Engel como parte de los supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» de Guatemala, El Salvador y Honduras.
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De esa cuenta, solo ingresaron los detenidos, Eduardo Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Rodolfo Chang Shum, Javier de León, Martín Jorge Macario y Marcela Blanco.
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) también se les restringió el ingreso.
La Hora y otros medios de comunicación solicitaron al Organismo Judicial (OJ) que se instalara una bocina para amplificar el sonido de la audiencia, pero al cierre de la edición de esta nota no se había solucionado la problemática. «Se está tramitando la diligencia», respondieron.
EL CASO
En conferencia de prensa, ofrecida durante la mañana del pasado jueves 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación develó un caso en el cual señaló al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, de supuestamente incitar, en 2022, a que se mantuviera por la fuerza la toma del Campus Central de la única universidad estatal.
La protesta estudiantil se originó por el rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de la Usac. Dicho proceso se celebró el año pasado, debido a irregularidades.
Asimismo, el MP solicitó el retiro de antejuicio en contra de Arévalo y Herrera, para efectuar una investigación en su contra por supuestos “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita”.
A palabras del presidente electo, el caso sería una fachada para avanzar con acciones antidemocráticas que se fraguarían desde el MP que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras.
El Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Mazariegos, en julio pasado, en la Lista Engel por supuestamente desvirtuar “procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de Rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”
