El diputado reelecto al Parlamento Centroamericano (Parlacén) por el partido Movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero, en entrevista con La Hora aseguró que el Ministerio Público (MP) que dirige la Fiscal General María Consuelo Porras ha emprendido investigaciones en contra de funcionarios que gozan de inmunidad, entre ellos él, y de esa cuenta se les ha vulnerado un derecho constitucional.
El pasado 15 de noviembre se hizo público un audio de la audiencia en donde la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó al juez Fredy Orellana una serie de peticiones para ejecutar allanamientos por un caso contra Semilla, mismo que ha sido señalado internacionalmente de un intento para impedir que Bernardo Arévalo asuma a la Presidencia en enero próximo.
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FECI INVESTIGÓ A GUERRERO PESE A INMUNIDAD
El caso contra Semilla, a palabras de Curruchiche, deriva de la denuncia de un ciudadano en el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE en 2022 por la presunta falsificación de su firma en las hojas de adhesión, antes que el partido fuera constituido como tal y de ello deriva una serie de anomalías.
El MP el pasado 18 de julio dio ejecución a dos órdenes de captura contra dos vinculados a Semilla: Cinthya Alejandra Rojas y Jaime Gabriel Gudiel Arias, pero ninguno fue hallado. El audio que se publicó el miércoles último reveló las demás personas que son investigadas, ya que el caso se encuentra bajo reserva.
Según el audio y la exposición de la fiscal Cinthya Monterroso, se trata de “una investigación de actos posiblemente ejecutados por un grupo de personas que posiblemente se organizaron de forma sistemática con la finalidad de cometer varios delitos y así poder inscribir un comité para la constitución de un partido que se convirtió en Semilla”, sostuvo.
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Sobre lo anterior, la fiscal Monterroso señala como los responsables directos a tres integrantes de Semilla, estos son: Samuel Pérez, Alberto Sánchez Guzmán (expulsado por el Tribunal de Honor) y Bernardo Arévalo, presidente, pero que gozan del derecho de antejuicio y por lo tanto la fiscal señaló que se presentará una solicitud de retiro de inmunidad.
Sin embargo, destacó que ha podido avanzar con la investigación porque las demás personas no poseen este derecho, entre ellas Juan Gerardo Guerrero; sin embargo, el diputado al Parlacén goza de la misma inmunidad que los diputados al Congreso de la República.
MP NO VERIFICÓ INMUNIDAD
La Hora entrevistó a Guerrero y este señaló que «el Ministerio Público tuvo tiempo para realizar una investigación objetiva e imparcial, pero a pesar de ello no se tomó la molestia para buscar en el sistema qué personas gozaban de inmunidad y quienes no», sobre las afirmaciones de Monterroso.
Asimismo, el diputado al Parlacén subrayó que el audio de esta audiencia es crucial porque con dicha diligencia «inició un ataque sistemático en contra del Movimiento Semilla, en donde de forma arbitraria derivado de la solicitud de Cinthya Monterroso y Rafael Curruchiche indican que el partido es una estructura criminal».
De acuerdo con Guerrero, el fue uno de los notarios de dicha agrupación política cuando buscaban constituirse como partido político y de esa cuenta lo investigan sin antes haber solicitado el retiro de su inmunidad, lo cual es ilegal y contraviene la Constitución Política de la República.
«Gozo de inmunidad por lo cual hace ilegal la audiencia del 12 de julio, a la cual aún no hemos tenido acceso vulnerando nuestro derecho de defensa», sostuvo Guerrero. A la fecha a los abogados de la agrupación se les ha negado tener acceso al expediente en el MP en más de 30 veces, según han expresado.
La Hora consultó con el MP por qué investigó a Guerrero, si este goza de una protección constitucional, que verifica si las denuncias y pesquisas en contra de dignatarios y funcionarios públicos son de carácter político o espurio, pero al cierre de la edición de esta nota no se obtuvo respuesta.
MP AVANZA
Para la ciudadanía, Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana comparten responsabilidad sobre la judicialización del proceso electoral, según las protestas que se desarrollaron a partir del 12 de julio pasado y que en octubre se intensificaron con medidas de presión como bloqueos que exigían la renuncia de la Fiscal General.
Los cuatro fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos al incluirlos en la Lista Engel, la cual agrupa a personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, señalados como supuestos «actores corruptos y antidemocráticos».
El último 16 de noviembre, el MP anunció que presentará la solicitud de retiro de antejuicio contra Arévalo y Karin Herrera, vicepresidenta electa, por un caso relacionado con la supuesta toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac).
En el caso de Arévalo el MP fundamenta publicaciones hechas en Twitter y de esa cuenta asegura que usó la situación como un trampolín para promover su candidatura en las elecciones pasadas. Arévalo, meses atrás, denunció un Golpe de Estado que se fragua desde el MP para que no asuma como presidente.
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