La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó la libertad de la abogada Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien ha permanecido en prisión preventiva por más de un mes. De acuerdo con la orden del juez décimo penal B, Jimi Bremer, ella se encuentra en el cuartel militar Mariscal Zavala, en la zona 1 capitalina.
González se suma a la treintena de exoperadores de justicia que aseguran una ser víctimas de una persecución política que se originó por una venganza por parte de quienes fueron vinculados a las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y dicha Comisión.
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SALA OTORGA LIBERTAD
La decisión de la referida judicatura se derivó de una apelación que la defensa de González planteó en contra de la medida de privación de libertad que se decretó en contra de la jurista, y con la cual se requirió que se le concediera una o varias medidas sustitutivas.
De acuerdo con lo considerado por la Sala, se otorgó a la profesional del derecho:
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Arresto domiciliario, en su propio domicilio sin vigilancia alguna.
2. La obligación de acudir cada quince días al Juzgado que conoce el caso a firmar el libro de procesados.
3. La prohibición de salir del país sin autorización del juez contralor del proceso.
Además, la Sala indicó que la resolución debe ejecutarse en un plazo de tres días, el cual comienza a contarse desde que se notifique al Juzgado dirigido por Bremer.
SEÑALAN ILEGALIDADES
La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) investiga a González derivado de una denuncia que presentó la magistrada Blanca Stalling, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La funcionaria señaló González, mientras trabajó en la CICIG, conoció y participó en una investigación en su contra, la cual habría iniciado cuando ella todavía tenía derecho de antejuicio por el cargo que desempeña en el Organismo Judicial (OJ).
Según la fiscalía, González habría cometido el delito de abuso de autoridad. Sinembargo, su defensa afirmó que el Código Procesal Penal sostiene que ese tipo penal solo se aplica a funcionarios o empleados públicos, y quienes formaron parte de CICIG no tenían dicha calidad, por lo cual se consideró que las acciones en su contra serían ilegales.
La procesada ha recibido el apoyo de organizaciones internacionales y miembros del cuerpo diplomático de la Unión Europea y Estados Unidos, quienes asistieron a las diligencias en las cuales se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en su contra.
En estas, Bremer decidió ordenar su auto de proesamiento y enviarla a prisión preventiva.
El 19 de septiembre la hija de Claudia González indicó que el hecho de que sea una espera a una acción tan injusta, como lo es esta primera declaración que ha durado tanto tiempo, lo que nos tiene realmente molestos.
ONU PREOCUPA
Margaret Satterthwaite, relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de donde se originó la CICIG, en septiembre pasado expresó su preocupación por el caso, y calificó que la detención de González «puede constituir una represalia por su trabajo como abogada de derechos humanos».
Satterthwaite dijo que: “el caso de Claudia González parece ser el último de una serie de casos similares dirigidos contra jueces, juezas, fiscales, abogadas y abogados que han trabajado en casos de corrupción o derechos humanos en Guatemala”.
Por último, la relatora de la ONU instó a las autoridades a garantizar que los abogados no sean objeto de ataques y represalias por el desempeño de sus funciones, y exigió la liberación de quienes han sido atacados por su trabajo legal.
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