Claudia González abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Foto: José Orozco

Por segunda ocasión, la audiencia de primera declaración de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González fue suspendida por el titular del Juzgado Décimo Penal “B”, Jimi Bremer, por lo cual la sindicada continuará en prisión preventiva.

La decisión del togado se da luego de que, antes de entrar a la audiencia, González señalara que existe un “retardo malicioso” con el fin de que continúe en prisión preventiva. “Es un tema de retrasar y mantenerme en prisión”, aseguró.

Tras finalizar la audiencia, la profesional del derecho declaró que es injusto pasar más tiempo en prisión. “Pero sí se le pidió al juez que resolviera y fundamentara su decisión, porque en realidad tiene que resolver más de fondo, temas muy complicados que argumentaron el Ministerio Público (MP) y la defensa”, indicó.

Al mismo tiempo, la profesional del derecho recalcó que era una decisión injusta, y que “así es el sistema de justicia en Guatemala”, por lo que indicó que espera que el próximo martes 19 de septiembre, se tenga una decisión favorable.

De esta cuenta, será hasta el próximo martes a las 9:00 horas, cuando el Juez Bremer decidirá si la letrada es ligada a proceso y continúa en prisión preventiva en el centro carcelario Mariscal Zavala o si declara la falta de mérito por el delito de abuso de autoridad.

RETRASOS

Claudia González continúa en prisión desde que fue capturada el pasado 28 de agosto por la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), la cual no se presentó a la audiencia de primera declaración, por lo que el juez Bremer decidió posponer la diligencia para el 6 de septiembre.

En la referida fecha, inició la audiencia de primera declaración a puerta cerrada, pero el juzgador decidió que debía realizarse una nueva audiencia este miércoles 13 de septiembre.

 

Previo a entrar a la sala de audiencias, González señaló que han tenido atrasos para justificar su permanencia en la cárcel. “Para mí todo es retraso y mantenerme en prisión. Yo lo dije desde que me detuvieron, a mí no era necesario que me giraran una orden de aprehensión, a mí me hubieran citado y yo estuviera aquí”, sostuvo.

La profesional del derecho aseveró que existe un “retardo malicioso”, y que no había sentido en que el ente investigador llevara 20 cajas, puesto que solamente son tres archivos los que se refieren a su persona.

“No tiene sentido que se haya puesto un día antes de la primera declaración bajo reserva el caso. Nunca se dio el motivo, no se dijo y eso genera duda”, señaló la letrada.

EL CASO

Según dio a conocer la Fiscalía de Asuntos Internos, el caso deriva de la investigación que se realizó en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, sobre las supuestas presiones que habría dado al juez Carlos Ruano para beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, para que otorgara medidas sustitutivas, incluyendo prisión domiciliaria.

Sin embargo, el caso fue cerrado por el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, ya que declaró un sobreseimiento en favor de la magistrada Stalling, pues aseguró que la togada contaba con derecho a antejuicio.

 

De esta cuenta, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, acusó a Ruano por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito.

A su vez, la Fiscalía explicó que las diligencias de investigación iniciaron previo a que Stalling fuera apartada del cargo, al mismo tiempo, que se utilizó informes del personal de CICIG, sin la debida autorización de un juez competente, por lo que también señaló que la entidad internacional intervino ilegalmente.

“Mediante dichas acciones se irrespetaron las formas y procedimientos establecidos en la ley para la presentación de antejuicio, para la tramitación de la investigación que lo fundamenta, y se vulneró el principio de legalidad al permitir la intervención arbitraria de una entidad internacional y su personal”, sostuvo el ente investigador.

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