La Alcaldía Indígena de Sololá planteó una denuncia en contra del juez séptimo penal A, Fredy Orellana, ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ), con la cual buscan que sea separado de su cargo por la supuesta filtración de información sobre casos que se mantienen bajo reserva.
Edgar Tuy, autoridad indígena, señaló a diputados que públicamente se han expresado sobre las investigaciones que el Ministerio Público (MP) desarrolla en torno al proceso electoral. «El caso, se supone, está bajo reserva. En ningún momento los diputados deberían de tener conocimiento de estos casos», dijo.
Además, expusieron que Orellana se ha entrometido en el proceso electoral. «No tiene jurisdicción ni competencia, y él acciona contra un proceso electoral. Cometió abuso de autoridad», denunció.
DIPUTADOS HABLAN SOBRE CASO
El pasado miércoles 11 de octubre, el diputado oficialista Boris España, incluido en la Lista Engel por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalado como supuesto «actor corrupto y antidemocrático», en una entrevista controlada habló sobre un caso que el MP develará en los próximos días en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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“Es evidente y contundente la información que se va a dar en pocos días sobre un desfalco en el TSE, de una sobrevaloración de un sistema informático, solo se están esperando los documentos necesarios, creo yo no debemos ser como ciudadanos partícipes de ningún tipo de situación anómala como la que probablemente se dé a conocer en pocos días”, detalló España.
El TSE reaccionó ante las declaraciones del congresista al indicar que como funcionarios, los magistrados tienen derecho de antejuicio, entre otros aspectos.
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El lunes 16 de octubre último, la diputada Greicy de León cuestionó a las autoridades del TSE sobre la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en la cual se optó por un contrato de Q148 millones en favor de la empresa Datasys, S. A., ante la existencia de una oferta menor, que hubiera permitido ahorrar Q34 millones.
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ORELLANA CONTROLA CASOS
El 12 de julio pasado, el MP informó que Orellana había suspendido de forma provisional la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, pese a que se encontraba en desarrollo el proceso electoral y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohibe dicha acción.
Ante eso, la agrupación pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo, el cual le fue entregado de forma provisional, lo cual impidió que se acatara la resolución del juez hasta que culmine el proceso electoral, el próximo 31 de octubre.
Sin embargo, el Ministerio Público (MP) realizó cuatro allanamientos en distintas instalaciones del TSE, como el Registro de Ciudadanos (RC), las bodegas en las cuales funciona el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), ubicado en el Parque de la Industria y la Dirección de Recursos Humanos.
En el último allanamiento, que inició el pasado 29 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) secuestró las actas electorales 4 y 8 originales de la primera ronda de las votaciones, sobre las cuales descansa la pureza de los comicios. La diligencia finalizó tras 19 horas de desarrollo.
En esa ocasión, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, señaló que buscaban indicios en un caso que pone en entredicho los resultados de las elecciones, y que este se encuentra en reserva judicial.
