El colectivo de periodistas #NoNosCallarán rechazó la denuncia que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) planteó en contra de Luis Gerardo Ramírez y Astrid Lorena Sosa, vocero y asesora jurídica del Tribunal Supremo Electoral (TSE), respectivamente, por presuntamente obstaculizar la acción penal durante el allanamiento que el Ministerio Público (MP) desarrolló en la sede central del órgano electoral el pasado 29 y 30 de septiembre.
El domingo 1 de octubre último, por medio de cuenta de X de la FCT, su presidente, Ricardo Méndez-Ruiz, dio a conocer que presentó una denuncia electrónica ante el MP, en la cual señaló a Ramírez y Sosa por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, instigación a delinquir y obstaculización de la acción penal.
RECHAZAN DENUNCIA DE LA FCT
Según lo manifestado por Méndez-Ruiz en la referida red social, la denuncia fue planteada «debido a que ambos se dieron a la tarea de transmitir públicamente mensajes maliciosos el 29 de septiembre, llamando a desobedecer resoluciones judiciales, así como impedir que fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecutaran actos de investigación ordenados por un juez competente».
El colectivo que defiende la libertad de expresión sostuvo: «únicamente actuaron en resguardo de la integridad electoral, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y del artículo 35 constitucional que garantiza la libre emisión del pensamiento».
«Manifestamos nuestro absoluto rechazo a las acciones del Ministerio Público que pretenden violentar la voluntad popular. Exigimos, una vez más, que se garantice el libre acceso a la información y el derecho de la población a estar informada», remarcó #NoNosCallarán.
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FECI PONE EN RIESGO LA DEMOCRACIA
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP llevó a cabo un allanamiento de 19 horas en la sede del TSE, y como resultado secuestró las actas 4 y4 8 originales, que contienen los resultados de las elecciones generales.
«Estas acciones que contravienen la Constitución se suman a una serie de actuaciones de la Fiscalía General que están poniendo en grave riesgo la democracia en el país y vulnerando la voluntad de la población guatemalteca expresada en las urnas», indicó el comunicado.
MP VIOLENTÓ DERECHOS
A consideración del colectivo, «durante el allanamiento, el MP también violentó el derecho de la población a estar informada. Además de intentar bloquear la cobertura periodística, se confiscaron los teléfonos móviles del personal del TSE y se conminó al equipo de Comunicación de la institución electoral a borrar las publicaciones y videos que documentan el accionar de los agentes fiscales», detallaron.
De esa cuenta, el colectivo calificó dichas acciones como «un nuevo acto de opacidad, el MP solicitó que el caso por el cual se solicitó el allanamiento a la sede del TSE sea declarado bajo reserva».
También se mencionó al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien se pronunció en contra de los medios de comunicación en declaraciones. «Son parte del boicot y ponen a la población en contra del MP», dijo.
«Arremetió nuevamente contra periodistas y medios independientes, acusándolos de interferir con su trabajo y desinformar a la población», recordó el comunicado.
