Sabrina María Véliz Castañeda, quien enfrentará juicio por el caso Insivumeh, fue reelecta como representante suplente ante el Directorio Consultivo del Registro Nacional de las Personas (Renap) para cuatro años más.
El Ministerio Público (MP) la señala dentro del caso por supuesto desfalco de Q30 millones en el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo a la información oficial que figura en el sitio web de la institución, Véliz Castañeda es representante de los secretarios generales de los partidos políticos.
En la Ley del Renap se indica que los representantes tienen que ser miembros de los órganos que los designan. Según un documento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Véliz Castañeda es integrante del partido político Prosperidad Ciudadana (PC) por lo menos desde 2019.
Ese año fue designada por primera ocasión para ocupar el referido puesto.
La Hora se comunicó con el equipo de Comunicación del Renap para consultar bajo qué lineamientos Véliz Castañeda fue considerada para el puesto, pese a tener señalamientos y estar procesada en el caso Insivumeh. En la respuesta que se trasladó, se indicó que el proceso de designación no es competencia de esa institución, de acuerdo con lo establecido con la ley que le rige.
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CERCANA A DIPUTADO GARCÍA SILVA
Véliz Castañeda permaneció prófuga desde el 5 de noviembre de 2021, cuando autoridades del Ministerio Público (MP) efectuaron una serie de allanamientos en los cuales detuvieron a 16 personas involucradas en el caso.
Según la investigación, la señalada, junto a otras 27 personas, conformaron una red que habría desfalcado al Insivumeh.
Para ese entonces, la ahora miembro del Consejo Consultivo de Renap laboraba como asesora de la quinta Secretaría de la Junta Directiva del Congreso, la cual ocupa el diputado Jorge García Silva, jefe de bancada del PC, según figura en el sitio web del Organismo Legislativo.
Véliz Castañeda tiene una plaza en el Congreso bajo el renglón 022, con un salario de Q26 mil mensuales, según consta en la planilla de ese organismo de Estado, y su jefe directo era García Silva. Por este caso también están procesados Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa y el hijo del congresista, respectivamente.
El MP señala que el Insivumeh desembolsó Q30 millones para la compra de un radar a la empresa “Outsoursing Total”, vinculada a García Silva, jefe de Véliz Castañeda en el Congreso, según una investigación de La Hora que reveló detalles de la adjudicación anómala en 2020.
ENFRENTA LA JUSTICIA
Para enero de 2022, el MP informó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había activado la alerta roja para la captura de seis guatemaltecos vinculados al referido caso de corrupción. En la lista aparecía la representante de los secretarios de partidos políticos ante el Directorio Consultivo del Renap, junto a la esposa e hijo del congresista.
Un mes después, los tres se entregaron a la justicia y fueron ligados a proceso. Véliz Castañeda era señalada por los delitos de estafa propia, lavado de dinero, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.
Sin embargo, el juez que efectuó la audiencia de primera declaración la vinculó al caso solo por lavado de dinero y asociación Ilícita.
Obtuvo una medida sustitutiva con la cual evitó ser enviada a prisión preventiva. El 25 de julio pasado, luego de varias audiencias suspendidas, el Juzgado Quinto decidió enviar a Véliz Castañeda y otras 24 personas a juicio, tras hallar los indicios suficientes.
La Fiscalía contra la Corrupción señaló que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de Véliz Castañeda, asesora del bloque legislativo de Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “utilizaron sus cargos y la emergencia del COVID-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
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SIN AVANCES CONTRA DIPUTADO
En junio pasado, un año después de que el MP pidiera el retiro del derecho de antejuicio de García Silva, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió quitar la inmunidad al congresista, y habilitar a la fiscalía para realizar una investigación penal en su contra, pero a la fecha no hay avances.
El fallo en su contra se dio a pocos días de que se revelara un audio que contiene una conversación entre la cubana Bárbara Hernández y el ex alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, en el cual, entre varios temas, se abordó una denuncia que fue interpuesta en contra del congresista por supuestos hechos irregulares en el Insivumeh.
El diputado, de acuerdo a las declaraciones de Escobar, sería una pieza clave que si es investigado podría echar de cabeza al presidente, Alejandro Giammattei y al ex jefe del extinto Centro de Gobierno y hombre de confianza del mandatario, Miguel Martínez, y por esa razón el retiro de antejuicio en su contra no presentaba avances.
El exalcalde aseguró que Poll Anria, un estratega político, y un ciudadano argentino que no fue identificado, habrían recibido dinero producto del lavado de dinero que blanqueó García Silva desde el Insivumeh y por esa razón sería protegido por Giammattei y su hombre de confianza.
