Poco más de dos meses transcurrieron desde que el fiscal del partido oficial VAMOS, Héctor Adolfo Aldana Reyes, exigiera a gritos a la Junta Electoral Departamental de Escuintla que se abrieran las cajas electorales. Ese hecho generó que expertos aseguraran que ese pedido era inconstitucional; sin embargo, el pasado martes 12 de septiembre, el Ministerio Público (MP) consiguió, con una orden judicial, abrir dichas cajas.
Las exigencias de Reyes Aldana, quien es cercano al presidente, Alejandro Giammattei, ocurrieron el 4 de julio pasado, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó la segunda serie de audiencias de revisión de escrutinios de las actas electorales, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparara a nueve partidos políticos inconformes con los resultados de la primera vuelta electoral del 25 de junio.
En esa ocasión el fiscal de VAMOS exigió a la Junta Electoral de Escuintla que se abrieran las cajas para efectuar un nuevo recuento de votos. Sin embargo, fiscales de otros partidos políticos se negaron a dicha petición y aseguraron que era ilegal.
CAJAS ELECTORALES FUERON ABIERTAS
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que dirige Rafael Curruchiche, llegó el pasado martes a las instalaciones del Registro de Ciudadanos (RC) y a las bodegas que el órgano electoral instaló en el Parque de la Industria, y realizó un allanamiento para la inspección y secuestro de documentos y equipo relacionado con el proceso electoral.
#Allanamientos
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en coordinación con la #PNC desarrolla diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias pic.twitter.com/w8kMfUElrF— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2023
La Fiscalía explicó que las diligencias son en seguimiento a una supuesta denuncia de un ciudadano que solicitó se investigue cuántos votos recibió cada organización política, en virtud de que el Estado de Guatemala debe pagar US$2 por voto, y «se debía garantizar que no exista perjuicio contra el erario público».
Pese a que las juntas electorales departamentales (JED), por orden de la CC, realizaron la revisión de las actas y rectificaron los votos que cada una de las agrupaciones políticas recibió derivado del grito de «supuesto fraude electoral» que emitieron nueve partidos, entre ellos: VAMOS, CAMBIO, VALOR y Compromiso, Renovación y Orden (CREO); la FECI decidió proceder con acciones penales.
De acuerdo con el jefe de prensa del TSE, David de León, personal de la FECI abrió varias cajas que resguardan los votos de la primera vuelta de los comicios, y tomó fotografías de los materiales que estas contenían. Hasta el momento se desconoce si cuentan los votos, aunque por medio de un nuevo amparo solicitado por el órgano electoral, se indicó a la CC que ese extremo fue efectuado durante el allanamiento.
La orden fue emitida por el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, dentro del expediente del caso que se sigue en contra de Semilla. Según el MP, esta nueva denuncia no constituye investigación contra el partido ni de sus dirigentes, pero «se remitió como un antecedente».
Más tarde, Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE, detalló que la FECI solicitó abrir 160 cajas electorales. «Es importante mencionar y recalcar que el Tribunal Supremo Electoral no ha dado su anuencia, toda vez que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 243, contempla quiénes son los únicos que pueden hacer audiencias de revisión», subrayó, y responsabilizó de ese hecho al juez Orellana y al MP.
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TSE PONE EN TELA DE DUDA ACCIÓN DEL MP
Los magistrados del TSE convocaron a una conferencia de prensa en horas de la tarde del pasado martes, y el magistrado Gabriel Aguilera cuestionó las acciones del MP. “¿Qué denunció este ciudadano? No sabemos, ¿será que este ciudadano denunció específicamente estas 160 cajas?, o ¿estas 160 cajas fueron seleccionadas al azar? Tampoco lo sabemos”, dijo.
De la misma forma, Aguilera expresó que conocen que existen otras denuncias que siguen con la narrativa del “fraude electoral”; sin embargo, afirmó que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en Guatemala es imposible esa acción.
De la misma manera, Aguilera recordó el amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC), con el cual ordenó una nueva audiencia de revisión del escrutinio de votos, por lo cual subrayó que hubo dos oportunidades para que los partidos políticos pudieran revisar el voto.
TSE ACCIONA CONTRA JUEZ
En horas de la noche, el TSE interpuso un amparo en la CC en busca de frenar las diligencias que empezó el martes el MP, al allanar las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones de junio y violara la cadena de custodia de los votos al abrir los archivos a cargo de la autoridad electoral.
Con la acción legal se cuestiona la orden otorgada por Orellana a la FECI, así como el desarrollo de las diligencias desarrolladas por el personal del órgano encargado de la persecución penal.
Abraham Álvarez, asesor jurídico del TSE, dijo que la ley establece que los únicos facultados para abrir cajas electorales son las juntas electorales o el TSE, pero es un procedimiento que debe hacerse en los tiempos legalmente establecidos y con la presencia de los fiscales de cada agrupación política.
Añadió que a sabiendas de que no es legal, ellos (el TSE) respetaron la orden del juez, por lo que ahora proceden en la CC en busca de proteger la voluntad popular reflejada en los votos.
