Los dos jueces a cargo del Juzgado Décimo Penal comparten una sanción por el Gobierno de Estados Unidos, por ser, según el país norteamericano, «actores corruptos y antidemocráticos». Pero también los une otro hecho: conocer procesos penales que involucran, en diferente figura, a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling. La funcionaria fue acusada en 2017 y ahora pasó a ser acusadora de quienes la investigaron.
Todos los juzgados penales cuentan con dos jueces titulares. En el caso del Juzgado Décimo Penal, el despacho A lo dirige Víctor Manuel Cruz, y el B está a cargo de Jimi Rodolfo Bremer.
Cruz cerró el caso que se seguía en contra de Stalling. Su resolució hizo a la magistrada evitar un juicio. En tanto, Bremer es quien de forma reciente ordenó la captura de tres exoperadores de justicia que participaron en la investigación que se desarrolló en contra de la funcionaria.
CRUZ DEJÓ LIBRE A STALLING
En 2017, el juez Carlos Ruano, quien fue nombrado Campeón Anticorrupción en 2021 por el Departamento de Estado de EE. UU., denunció que Stalling habría ejercido presión en su contra para conseguir en favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, una medida sustitutiva mientras se desarrollaba en su contra el caso IGSS-Pisa.
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, solicitó el retiro de inmunidad de la magistrada para investigarla. La petición pasó al Congreso de la República, en donde se estableció que Stalling debía ser despojada del fuero para habilitar las acciones penales en su contra.
Sin embargo, la funcionaria se dio a la fuga para no responder ante la juzticia, y permaneció prófuga por varios meses. Finalmente, las autoridades la ubicaron en la zona 9 de la capital, y fue capturada ese mismo año en el interior de una abarrotería. Utilizaba una peluca pelirroja para no ser reconocida, además, portaba un arma de fuego.
La magistrada fue procesada por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica, pero para la etapa intermedia, en junio de 2022, Cruz resolvió en favor de Stalling y le cerró el caso. Con ello, la magistrada no enfrentó juicio. Según el juez, la investigación no logró comprobar la acusación.
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El Ministerio Público (MP) no apeló la resolución, por lo cual el cierre del caso quedó en firme y Stalling fue reintegrada a su cargo en la CSJ, ya que había sido separada de su puesto. Además, recibió del Organismo Judicial (OJ) Q5.7 millones en concepto de salarios y prestaciones atrasadas.
En 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Cruz en la “Lista Engel”, señalado por supuestamente “entorpecer investigaciones” de casos de corrupción y “demorar indebidamente los procesos judiciales”.
BREMER CONOCE DENUNCIA DE STALLING
Stalling no se conformó con el benefició que le dio Cruz y presentó una denuncia en contra de quienes estuvieron a cargo de la investigación en su contra. El caso fue asignado a Bremer, en el Juzgado Décimo Penal B.
El 28 de agosto pasado, las autoridades realizaron cuatro allanamientos en igual número de inmuebles ubicados en la capital, Mixco y San Miguel Petapa. En una de estas diligencias se ejecutó la captura de la abogada Claudia González, en su calidad de exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En su contra se señala el delito de abuso de autoridad.
También se giró una orden de detención contra el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y la exfiscal de esa unida, Siomara Sosa. Sectores nacionales y la comunidad internacional se pronunciaron de forma inmediata y catalogaron las acciones del MP como una persecución política.
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SEÑALAMIENTOS DE STALLING
La denuncia de Stalling se basa en que supuestamente Sandoval, González y Sosa habrían iniciado a investigarla cuando aún no se le había retirado el derecho de inmunidad.
Desde su detención, González ha señalado que el caso en su contra sería parte de una persecución política.
Bremer saltó a la palestra pública en 2022, cuando conoció el proceso penal contra el periodista y fundador del extinto diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora.
Durante una de las audiencias aceptó la petición de la FECI de ordenar una investigación en contra de cinco periodistas y dos columnistas de ese medio de comunicación por supuestamente «obstaculizar a la acción penal», por las publicaciones del caso en contra de Zamora.
Ante eso, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Bremer este año, al incluirlo en la Lista Engel, y señalarlo como supuesto «actor corrupto y antidemocrático» por “autorizar cargos penales con motivos políticos contra periodistas”.
RUANO TAMBIÉN FUE DENUNCIADO
El juez Ruano fue denunciado por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), por grabar a Stalling cuando esta le pidió dejar en libertad a su hijo. El proceso de retiro de inmunidad avanza y de momento es la CSJ, integrada por Stalling, quien debe emitir una última resolución.
A palabras de Ruano, «está a una resolución de la CSJ para entrar a la cárcel» y de esa cuenta considera el exilio como una posibilidad.
Entre 2019 y 2023, unos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas han tenido que salir al del país, debido a acciones legales entabladas en su contra por el MP, las cuales califican como persecución política en su contra.
Las acciones son dirigidas por la entidad encargada de la persecución penal encabezada por la fiscal general María Consuelo Porras, también sanciondada por el Departamento de Estado de EE. UU., dentro de la Lista Engel.
