En los diferentes mensajes que ha publicado oficialmente el Ministerio Público (MP) de Guatemala como consecuencia de su postura frente al partido Semilla y específicamente contra Bernardo Arévalo, repite una y otra vez su “compromiso” con la justicia y con la investigación de cualquier delito que pueda haberse cometido. Mensajes éstos que se han repetido, una y otra vez, tanto a la ciudadanía como a la opinión pública internacional, donde se observa con preocupación lo que ha sido señalado como una nueva modalidad de Golpe de Estado.
Por esos mensajes es que llama tanto la atención que en casos burdos y muy concretos que se han publicado, como el de las compras sobrevaluadas de medicinas para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), no se mueva ni un dedo para adelantar una investigación de lo que está ocurriendo y quiénes pueden ser los que incurren en delito al realizar esas operaciones. Ante ese notorio silencio e inacción es natural que se piense que hay dobles raseros en el Ministerio Público y que el cacareado cumplimiento del deber de investigar únicamente funciona en la dirección que marcan las autoridades superiores de la Fiscalía.
Además de casos tan notorios como el de aquella célebre alfombra o la cuestionada compra de vacunas, negocios relacionados con los rusos, se puede decir que, en temas de corrupción, si nos atenemos a lo que hace el ente investigador, el país entró en una senda de transparencia absoluta porque ni la Comisión Presidencial Contra la Corrupción ni el Ministerio Público atinan a ver un caso. Por ello es que se reafirma la información recibida en el sentido de que, previo al nombramiento de Consuelo Porras, se le exigió una carta de renuncia, sin fecha, para ser ejecutada en el momento en que decidiera hacer la menor investigación en esa materia.
Si se leen detenidamente las explicaciones que se han dado a la ciudadanía sobre lo que se hace en el campo electoral, se verá que se blasona de un ineludible compromiso legal para actuar con severidad al realizar las investigaciones pertinentes ante la denuncia o sospecha de la existencia de un delito. Por ello es totalmente válido preguntarles: ¿Por qué en casos tan burdos como el del IGSS no hacen absolutamente nada, si más allá de indicios hay pruebas de que alguien se está beneficiando comprando medicinas a precios de escándalo?
Si es deber y obligación irrenunciable del MP avanzar investigando el puñado de firmas falsas que aseguran fueron colocadas en las adhesiones a Semilla, ¿por qué no se actúa con la misma diligencia en el caso del IGSS, donde quienes fueron parte del Centro de Gobierno tienen enorme poder?
